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El joven desapareció en marzo de 2005. Aunque su cuerpo fue encontrado en abril de 2015, permaneció como NN en el Servicio Médico Legal (SML) hasta octubre de 2018, cuando sus familiares conocieron su identidad.
La resolución, adoptada por unanimidad por la Cuarta Sala del tribunal de alzada, ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Concepción, que estableció falta de servicio por parte del Ministerio Público y del SML.
FALLAS EN LA INVESTIGACIÓN
El fallo cuestionó la actuación de la Fiscalía tras el hallazgo de las osamentas, ocurrido el 6 de abril de 2015. Según los antecedentes judiciales, no se ordenaron diligencias suficientes para esclarecer la identidad de los restos ni se tomó declaración a quienes participaron en su hallazgo.
La investigación se limitó a remitir parte de las especies encontradas al SML de Concepción y solicitar un informe médico legal.
Cinco meses después, el 9 de septiembre de 2015, el Ministerio Público archivó provisionalmente la causa.
La resolución estableció que la investigación permaneció en ese estado hasta que familiares de Mardoff concurrieron personalmente al SML en octubre de 2018, motivados por una llamada anónima.
Hasta entonces, las actuaciones de la Fiscalía apuntaban a inhumar los restos e inscribirlos como NN, sin avanzar en la identificación.
Para la Corte, la conducta del ente persecutor fue "injustificadamente errónea", al tratarse de un proceder arbitrario y carente de racionalidad.
El tribunal sostuvo que se omitieron precauciones elementales que habrían permitido establecer la identidad de los restos, la data y causa de muerte y otros antecedentes relevantes para la investigación.
EL ROL DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL
La sentencia también descartó los argumentos del SML para eludir su responsabilidad. El organismo había reconocido que el 11 de agosto de 2005 tomó muestras de sangre para obtener el ADN de los padres de Mardoff, con la finalidad de realizar comparaciones ante un eventual hallazgo de cuerpos u osamentas.
Sin embargo, no efectuó las acciones necesarias para cotejar esos antecedentes cuando se encontraron los restos que posteriormente fueron identificados como los del joven.
La Corte coincidió con el tribunal de primera instancia en que el servicio actuó de manera omisiva y negligente.
El fallo señaló que, tras la creación del Registro de ADN de Familiares de Desaparecidos en 2008, debió contactar a la familia y disponer de muestras biológicas que facilitaran una identificación oportuna.
De acuerdo con la resolución, si se hubiese actuado con la diligencia necesaria, la identidad de Mardoff podría haberse establecido en 2015, luego del hallazgo de las osamentas y de la elaboración del informe médico legal.
CORTE DESCARTÓ LA PRESCRIPCIÓN
El tribunal de alzada rechazó, además, la alegación de prescripción presentada por la parte demandada. Argumentó que la responsabilidad estatal se sustentaba en el retraso erróneo e injustificado en la identificación de los restos, situación que solo pudo advertirse el 4 de octubre de 2018, cuando se reconoció que pertenecían al joven desaparecido.
La resolución rechazó el recurso de casación en la forma presentado por el Fisco y confirmó la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Concepción, sin costas por los recursos.
De esta manera, se mantiene la condena al Estado por el daño moral sufrido por los padres y hermanos de Sergio Mardoff Peirano, cuya identidad permaneció sin esclarecer durante más de tres años después del hallazgo de sus restos.
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