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De acuerdo con el Informe Final de Auditoría N° 454-2025, el organismo fiscalizador identificó pagos improcedentes por un total de $1.716.851.841 correspondientes a bonificaciones otorgadas para proyectos de inversión.
La situación se originó debido a que la CNR efectuó desembolsos basándose en facturas que posteriormente fueron rebajadas mediante notas de crédito, por lo que no fue posible acreditar el gasto real asociado a dichas operaciones.
La investigación también constató que al menos 621 iniciativas financiadas por la entidad ya habían superado sus plazos de ejecución sin que fueran formalmente cerradas o declaradas abandonadas, manteniendo recursos comprometidos sin un adecuado control administrativo.
Otro de los hallazgos apunta a discrepancias entre los antecedentes registrados por la CNR y la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre las observaciones se identificaron diferencias en montos, documentos inexistentes y errores en los datos, situaciones que afectan la confiabilidad de los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos.
Asimismo, la auditoría detectó la contratación de una empresa cuyo propietario mantiene un vínculo de parentesco con una funcionaria de la institución, específicamente al ser su cónyuge, lo que podría contravenir las normas sobre inhabilidades y probidad administrativa que rigen para los organismos públicos.
El informe también advirtió deficiencias en la revisión de las rendiciones de fondos remitidas por la Tesorería General de la República. Según el organismo contralor, estos antecedentes no fueron adecuadamente verificados ni respaldados por la Comisión Nacional de Riego, dificultando la trazabilidad de los pagos y la comprobación del correcto uso de los recursos fiscales.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció la presentación de un reparo, equivalente a una demanda en juicio de cuentas, con el objetivo de recuperar los más de $1.716 millones que fueron pagados de manera improcedente.
Además, ordenó instruir un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en las situaciones observadas.
Junto con ello, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos para que evalúen la adopción de las acciones legales y administrativas que estimen pertinentes.
La noticia se refiere a observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Riego tras una auditoría de la Contraloría General de la República.
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