Familia de extrabajador acusa desalojo en Quilaco: exigen "relocalización" tras 15 años en el fundo

por Nicolás Maureira 27 Mayo 2025

Abogado sostiene que relación laboral terminó por mutuo acuerdo y que se ofrecieron apoyos temporales, descartando la obligación de mantener vivienda a largo plazo para la familia del exempleado.

Familia del extrabajador agrícola exige una solución digna en otro lugar, mientras que los nuevos propietarios aseguran que se cumplió con lo legalmente pactado. / Cedidas

Una denuncia ciudadana reavivó el debate sobre las condiciones de salida y habitabilidad de los trabajadores agrícolas en predios rurales. Esta vez, la familia de Óscar Pulgar Riquelme, extrabajador del Fundo Isla Las Gaviotas de la comuna de Quilaco, fue notificada el pasado 9 de mayo para desalojar la vivienda en la que han residido por más de 15 años.

Fernanda Pulgar, hija del afectado, relató que su padre trabajó durante casi 16 años como obrero agrícola en el fundo. Según explicó, en febrero se enteraron a través de comentarios internos que el terreno sería entregado a un nuevo propietario, supuestamente vinculado al proyecto Central Rucalhue.

La nueva infraestructura abordaría los problemas de conectividad vial que enfrenta la comuna y sus vecinas frente a derrumbes, inundaciones o temporales.

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VERSIÓN DE LA FAMILIA

"Mi papá trabajaba como obrero agrícola del campo y durante febrero hizo la consulta respecto de si se iba a vender esto, porque había harto movimiento. Sus jefes estaban sacando cosas, y en ese momento se enteró que ya estaba negociado y que iban a entregar como en marzo", relata hoy Fernanda Pulgar respecto de la problemática.

De acuerdo con su versión, a Óscar Pulgar se le ofreció un empleo en otro fundo de los mismos dueños, pero él declinó por motivos de salud. "Él ya no puede seguir trabajando por motivos de salud, porque no se siente capaz", dijo.

Tras ello, se firmó un finiquito, pero la familia denuncia que las condiciones pactadas fueron alteradas. "Se le iba a pagar una gratificación, cosa que no sucedió porque después se retractaron y negociaron por un monto menor", afirmó.

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ULTIMÁTUM DE DESALOJO

Fernanda aseguró que recibieron mensajes contradictorios sobre su permanencia en el inmueble. Particularmente, sostuvo, se le habría mencionado que existían "posibilidades de que quedara al cuidado del lugar donde vivimos, ya que esto lo estaban viendo con el negociador de Rucalhue. Además, le dijeron que no se moviera de aquí".

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Primero, les advirtieron del corte de servicios básicos y luego recibieron una orden formal de desalojo.

"Empiezan a llamar porque iban a cortar el agua potable, que hace bastante tiempo que es pagada por mi papá. Después llama el abogado de esta familia que debemos salir porque iban a sacar una multa a los exempleadores de mi papá si no salíamos", relató.

Fernanda Pulgar.

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La visita del abogado se concretó el 9 de mayo. "Decía que teníamos diez días para desalojar la propiedad", acusó Fernanda. Por ello, sus padres acudieron de inmediato a la Corporación de Asistencia Judicial de Santa Bárbara para evaluar un eventual recurso de protección.

Consultada sobre qué espera de parte de la familia propietaria del predio, Fernanda fue categórica: "Una relocalización. Queremos que se nos reubique en un lugar donde podamos vivir dignamente luego de tantos años de trabajo y residencia en este campo".

RESPUESTA DE FUNDO A TRAVÉS DE ABOGADO

El abogado del Fundo Isla Las Gaviotas, Igor Pérez Veloso, entregó su versión de los hechos, asegurando que "no se condice con la realidad de lo expresado por doña Fernanda".

Indicó que el predio fue parcialmente afectado por un proyecto energético, lo que obligó a su propietaria, Zunilda Herrera Cea, a ceder parte del terreno en el marco de un avenimiento judicial.

"Concluye mediante un acuerdo que, entre otras cosas, implica la entrega, por doña Zunilda, de la parte del predio gravada a la concesionaria, libre de ocupantes", precisó.

Igor Pérez.

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En cuanto a la relación laboral con Sociedad Renoval Limitada, empresa administradora del fundo, el abogado sostuvo que esta finalizó el 28 de febrero de 2025 por mutuo acuerdo.

"La intención de su exempleadora era que él continuara trabajando, pero él no quiso. Para ayudarlo, se optó por hacer un finiquito en el cual se firmó y pagó todo lo previamente acordado entre las partes", explicó.

Igor Pérez.

Sobre la petición de seguir viviendo en el inmueble, aclaró que no existe obligación legal de mantener una "locación permanente", aunque se ofreció apoyo temporal.

"Se le ofreció una locación temporal hasta que se le restituyera y pudiera ir a vivir a su casa en Santa Bárbara. Además, se le realizaron ayudas como paneles de una casa prefabricada y varios artefactos de hogar", agregó el abogado.

Igor Pérez.

Frente a la negativa de la familia, la propietaria optó por interponer una acción judicial. La causa se tramita actualmente bajo el rol C-65-2025 en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara.

Finalmente, Pérez añadió que la empresa Rucalhue también ofreció una alternativa: "Rucalhue le ofreció a don Óscar continuar viviendo en el mismo lugar y trabajar como cuidador, propuesta que él rechazó".