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La falta de infraestructura para tratar adecuadamente los residuos sólidos se ha convertido en una carga económica, ambiental y social que sobrepasa las capacidades municipales.
De las 14 comunas que componen la provincia, solo Los Ángeles cuenta con un relleno sanitario autorizado, ubicado en Laguna Verde. Además, es la comuna que más residuos genera anualmente, con 98 mil toneladas, cifra que sigue aumentando.
El resto de las comunas depende de ese mismo centro o traslada sus residuos a Talcahuano, en la provincia de Concepción. Excepciones como Mulchén, Negrete, Quilaco y San Rosendo recurren al vertedero de Mulchén, el cual está programado para su clausura este año.
Este escenario se ha visto agravado por el cierre de vertederos ilegales, mayores exigencias normativas y una escasa asistencia técnica y financiera estatal.
La sobrecarga del sistema ha generado costos adicionales en transporte y una creciente resistencia vecinal en sectores aledaños al relleno sanitario, como El Peral. Pese a contar con una planta de reciclaje, su capacidad es limitada y la mayoría de los residuos aún termina en el suelo.
En comunas pequeñas, rurales y apartadas como Alto Biobío, Quilaco o Antuco, el panorama es aún más crítico. Los trayectos largos hacia los puntos de disposición significan gastos elevados en combustibles y maquinaria, afectando otros servicios básicos por la reducción del presupuesto disponible.
Aunque Chile cuenta con una Política Nacional de Residuos y con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), su implementación ha sido desigual. Las comunas del Biobío carecen de instalaciones para separar, valorizar o tratar residuos orgánicos, que representan más del 50% del volumen generado.
En promedio, el gasto en gestión de residuos sanitarios supera el 10% del presupuesto municipal anual, destinándose principalmente a la recolección y traslado, sin posibilidad de inversión en infraestructura o educación ambiental.
Las consecuencias no son solo operativas. En sectores como Negrete o Tucapel, donde existieron antiguos vertederos, persisten los pasivos ambientales: suelos contaminados, proliferación de vectores, malos olores y una fuerte desconfianza comunitaria. La escasez de espacios para reciclaje también impide el desarrollo de organizaciones sociales, recicladores de base y emprendimientos circulares.
La provincia del Biobío enfrenta un dilema profundo.
Mientras el país avanza hacia el plan Chile Circular al 2040, que busca reducir en un 65% los residuos sólidos domiciliarios y promover el compostaje domiciliario en cerca de 500 mil familias, muchas comunas carecen de composteras, centros de acopio o sistemas de educación ambiental robustos.
No existen atajos en la gestión de residuos. Cada bolsa sin clasificar, cada vertedero cerrado sin solución y cada comuna sin recursos profundiza una crisis que se expande año a año.
Frente a este escenario, se ha diseñado una política pública regional para ejecutarse entre 2024 y 2035. Su objetivo es reducir la acumulación de residuos y avanzar hacia un modelo más sustentable.
Entre las principales medidas están la instalación de puntos verdes y limpios, fijos o móviles, para el reciclaje de envases y embalajes, campañas de recolección puerta a puerta y sensibilización comunal.
Para los residuos orgánicos, se consideran composteras domiciliarias y comunitarias, así como plantas de compostaje o biodigestores a gran escala en cada comuna.
Respecto a los residuos voluminosos, se propone su reutilización mediante centros de reparación o disposición en escombreras autorizadas.
Estas acciones se financiarán con recursos del Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y fondos regionales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo para el Reciclaje (FPR).
La meta es disminuir el volumen de residuos enviados a vertederos y fortalecer una gestión local y regional sustentable.
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