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La convivencia entre las prácticas agrícolas y la apicultura rural en Chile avanza hacia una mayor regulación institucional. Tras registrarse eventos de mortalidad de abejas por la aplicación no coordinada de agrotóxicos en predios colindantes, la legislación incorporó un nuevo reglamento dentro de la Ley Apícola para enfrentar este problema. El presidente de la Federación Red Apícola Nacional (RAN) de Chile, Misael Cuevas Bravo, detalló la implementación de esta normativa que exige un nuevo etiquetado de riesgo y la obligación de alertar a los productores locales. Sin embargo, advirtió que persisten dificultades para los apicultores trashumantes, costos judiciales elevados ante incidentes y discrepancias en la fiscalización regional por parte de las autoridades sanitarias.
La apicultura cohabita con sectores como el agrícola, frutícola y monocultivos. En estos últimos se genera el mayor riesgo para las colmenas; para proteger plantaciones de enemigos, los agricultores recurren a pesticidas. La falta de coordinación y comunicación oportuna entre predios vecinos y apicultores derivó históricamente en episodios de mortandad de abejas. Esta realidad impulsó a la federación a debatir normativas de protección en la legislación apícola, buscando mitigar los efectos de agroquímicos en territorios compartidos.
El reglamento se sostiene sobre dos ejes preventivos. El primero es la modificación en la venta de plaguicidas mediante un ajuste al etiquetado. Los envases deben especificar el nivel de riesgo para las abejas, clasificando el producto en levemente, moderadamente o altamente dañino. El segundo pilar establece la necesidad de informar a los apicultores antes de realizar manejos químicos. Los agricultores cercanos deben notificar la aplicación programada y detallar el método de aplicación, factor que determina el alcance e impacto del agrotóxico.
La evaluación de su aplicación práctica se encuentra en etapa temprana. El líder gremial señala que es prematuro hacer un balance definitivo, siendo necesario esperar una o dos temporadas completas bajo el reglamento para opinar objetivamente. No obstante, el sector ya constata avances tangibles como el ajuste en el etiquetado. En terreno, hay reportes mixtos: apicultores notificados que toman precauciones, y casos donde el aviso no existió y hubo mortandad. El grupo más complejo son los apicultores trashumantes, quienes mueven colmenas a puntos distantes, enfrentando tiempos de aviso insuficientes.
El sistema de notificación funciona como herramienta preventiva, pero no constituye una compensación económica automática. Si ocurre mortandad certificada por análisis y el agricultor no emitió el aviso, el camino reparatorio exige iniciar una demanda civil. Este escenario judicial impone barreras para los productores, requiriendo recopilar pruebas contundentes y contratar abogados, lo que implica desembolsos inmediatos. Además, existe el riesgo de pagar las costas si se pierde el litigio. Ante esto, la federación evalúa incorporar dentro de los seguros apícolas una cláusula que permita una recuperación más rápida.
La correcta aplicación del reglamento depende de la supervisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La federación mantiene una relación permanente con este organismo del Ministerio de Agricultura, encargado de la vigilancia sanitaria. Sin embargo, las reuniones gremiales evidenciaron fallas. En la Comisión Nacional celebrada el mes pasado, se expuso que los profesionales del SAG en regiones aplican las normativas de formas disímiles, no coincidiendo con lo conversado a nivel nacional. Ante esto, el SAG asumió el compromiso de iniciar capacitaciones internas para asegurar una interpretación uniforme.
El debate para consolidar el sistema tendrá un hito la próxima semana en el Congreso Nacional de la federación en Vicuña, Región de Coquimbo. El evento contará con más de 300 dirigentes y productores inscritos desde San Pedro de Atacama hasta Coyhaique (Región de Aysén). La federación invitó a profesionales del SAG nacional para generar un espacio de análisis técnico. Los representantes del organismo presentarán la situación sanitaria nacional y un resumen de las aplicaciones y avisos de plaguicidas, propiciando un diálogo directo para escuchar las experiencias prácticas de los productores.
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