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Documentos de Contraloría y el Tribunal de elecciones dieron a conocer que desde el 2016 el edil realizo 22 contratos a Franklin Pozas, representante legal de la Sociedad Vía Libre Comunicaciones Limitada. La multa corresponde al 20% de su remuneración mensual.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su informe indicó que "la empresa persiguió un beneficio económico indebido, cobraba indebidamente a los requirentes del servicio eléctrico" por un monto superior a los 15 millones de pesos, situación que habría perjudicado a 29 familias de Mirador de Biobío. Desde la empresa Frontel se aseguró que: "Las familias cuentan con suministro y la instalación se realizó según lo que establece la normativa"
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Opinión
