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Una multa del 20% de su remuneración mensual recibió el alcalde de la comuna de San Rosendo Rabindranath Acuña, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones confirmara la sentencia del Tribunal Electoral del Biobío, que acredita la entrega de contratos, vía trato directo, del municipio a un representante legal de la Sociedad donde el alcalde figuraba como socio.
Según lo dado a conocer, el alcalde Acuña entregó cerca de 22 contratos por un monto total superior a los seis millones 460 mil pesos, a Franklin Pozas, representando legal de Sociedad Vía Libre Comunicaciones.
Según el documento al que accedió diario La Tribuna, el Tribunal Electoral de la región del , el pasado 16 de marzo, dictaminó la primera sentencia en contra del edil sanrosendino, esto tras los requerimientos de los concejales de la comuna Joaquín Sanhueza Villamán y Gabriel Sepúlveda Mora, quienes interpusieron diversos requerimientos, entre ellos el de remoción y cesación en el cargo, por contravención gravea las normas de probidad administrativa.
El reclamo indicó que el alcalde de la comuna "desde el 6 de diciembre de 2016 hasta la fecha de presentación de este requerimiento (...) incurrió en muy graves y reiteradas faltas a la probidad, (...) toda vez que su contravención al principio de la probidad fue permanente, reiterada y largamente extendida en el tiempo, al contratar con el representante de su sociedad, don Franklin Pozas Cárcamo, durante más de 28 meses, en 22 contratos, esto es, casi un contrato por mes, por lo que fue contumaz en la violación de este principio".
Junto con ello manifestaron que el edil ocultó su condición de socio de la sociedad "de la que el señor Pozas era el representante legal, aprovechando la posición de su cargo para favorecerle contratando sus servicios una y otra vez, quedando ello en evidencia de las declaraciones de sus subalternos, el Director de Control y el Director de Finanzas de la Municipalidad, a quienes nunca les dijo que el señor Pozas era el representante de una sociedad de la que formaba parte, previniéndoselos sólo cuando ya la situación fue descubierta".
El documento agregó que mediante un oficio de 20 de junio de 2019 dirigido al alcalde de San Rosendo, la Contraloría Regional del Biobío expresó que un particular, acogido a reserva de su identidad, denunció eventuales irregularidades que se habrían cometido en el municipio, relacionadas con contrataciones directas de provisión de servicios que ese municipio habría efectuado a Franklin Pozas Cárcamo desde que asumió el actual alcalde, ya que tales contrataciones habrían infringido la ley, esto debido a que el edil mantendría una relación societaria con esa persona, formando ambos parte de la sociedad "Vía Libre Comunicaciones Limitada".
A ello se añadió que entre la fecha de su asunción como alcalde de San Rosendo y el 9 de abril de 2019, el reclamado firmó 22 decretos alcaldicios, singularizados en presentación, autorizando tratos directos con don Franklin Eduardo Pozas Cárcamo, para la provisión de servicios de mantención de fotocopiadoras y amplificación de eventos públicos organizados por la Municipalidad de San Rosendo, lo que fue confirmado posteriormente.
Junto con ello, se indicó que entre el 6 de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2019, la Municipalidad de San Rosendo contrató directamente en 29 oportunidades al señor Franklin Pozas Cárcamo como proveedor de servicios de mantención de fotocopiadoras y amplificación de eventos públicos organizados por la municipalidad, por la suma total de $6.463.500, por montos que fluctúan entre los $42.700 y los $470.000, IVA incluido, lo que quedó acreditado en las órdenes de compra, agregando que 22 de los 29 decretos que aprobaron tales tratos fueron suscritos por el Alcalde señor Acuña, acompañado al escrito de reclamación, de acuerdo con información que el Órgano Contralor obtuvo directamente desde la información consignada en el portal chilecompras.cl.
La conclusión de la Contraloría fue que esas contrataciones directas no se ajustaron a derecho, por cuanto en ellas se configuraba el impedimento para contratar con la administración, establecido en el reseñado artículo 4 inc. 6° de la Ley N° 19.886, al ser Franklin Pozas Cárcamo administrador y representante legal de la sociedad Vía Libre Comunicaciones Limitada, la que está integrada, entre otros socios, por el alcalde señor Acuña.
El pasado 24 de octubre, el Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la sentencia del pasado 16 de marzo de 2023 en contra del alcalde Acuña, por lo que se aplicó una multa consistente en la privación del 20% de su remuneración mensual, a beneficio fiscal.
Diario La Tribuna se contactó con el alcalde de San Rosendo para conocer su pronunciamiento frente a este tema, quien indicó que "desde cuando la Contraloría General de la República realizó el sumario reconocí el error administrativo, que básicamente es contratar un servicio desde el municipio ( audio y servicio de fotocopiado ) con un socio administrador de una sociedad de la cual yo era parte , en este caso radio vía libre de San Rosendo, claro está que los contratos no fueron con la radio, si no con quien tiene su giro propio para hacer trabajos en audio y fotocopiado y que además prestaba servicios por muchos años antes en el mismo rubro al municipio, pero que al ser el administrador de la sociedad de la cual yo era parte, tenía esa prohibición".
Agregando que "pedimos al tribunal analizar los contratos en cuestión, los cuales en su gran mayoría estaban en el valor de Mercado o bajo el valor de Mercado".
"El concejo municipal", continúa la información, "de ese entonces reconoció en pleno que no había pérdida de recursos o mal uso de estos, ya que los servicios se prestaron conforme a lo contratado, pero sin embargo, dos concejales patrocinaron una acusación al Ter pidiendo destitución, cuestión que siempre nos pareció desmedida, existiendo también la posibilidad de pedir medidas como la de multa, suspensión y por último por hechos graves la destitución".
Concluyendo que "la sentencia y a la luz de los hechos dista de lo solicitado por los concejales, y más bien aplica una medida mínima por la falta administrativa que en concreto siempre reconocí al desconocer que existía está prohibición. Termina así entonces un largo proceso lleno de especulaciones e invenciones, con un testigo falso en el proceso que buscaba bajo argumentos sin respaldo enlodar mi actuar, y queda claro que el tiempo dio razón a nuestros argumentos, y no de quienes sabidos de que no existía un delito gravoso, pedían destitución".
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