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La Corte de Apelaciones de Concepción estimó que era necesario revocar la decisión del Juzgado angelino argumentando que los imputados sí constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, por los hechos y el carácter de los delitos, y porque no habían variado las circunstancias que ameritaban la sustitución de la medida cautelar.
En la audiencia de formalización la fiscalía solicitó dichas medidas cautelares por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además se fijó en seis meses el plazo de investigación.
En la audiencia de formalización, la magistrada Soledad García Nannig ordenó el ingreso del imputado al Centro de Detención Preventiva de Mulchén, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.
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