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Ante ello, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) en Los Ángeles, rechazaron y condenaron todo acto de agresión hacia los funcionarios y trabajadores, tanto hospitalarios como de los centros de salud primaria.
El presidente de la entidad gremial, Erick Valenzuela, enfatizó que: "no puede ser que sigan con la lógica de agresión hacia nuestros trabajadores".
De hecho, estuvo estos días en Santiago, participando en mesas de trabajo y de seguridad, "para ver cómo podemos proteger y hacerle entender a la población que nuestra gente está cumpliendo un rol social", indicó.
El dirigente de los funcionarios de la salud primaria recalcó que ellos están para ayudar a la gente y añadió que, cuando los agreden o intimidan, lo único que se logra es cerrar los centros de salud y evitar la atención a los demás usuarios; algo que, enfatizó, no puede seguir ocurriendo.
Erick Valenzuela recordó que, en 2019, se creó la Ley 21.118, denominada "Consultorio Seguro", la cual, de alguna manera, ha proporcionado a los trabajadores la protección y efectividad que requieren.
Lamentó que, a su juicio, muy pocas personas hayan sido condenadas por los actos de agresión, lo que repercute en que los trabajadores y funcionarios sientan miedo de denunciar por sentirse desprotegidos, aseguró.
El presidente de la Confusam en Los Ángeles aseveró que, se ha conversado con las autoridades, incluso con la ministra de Salud Ximena Aguilera, "para ver la manera de cómo podemos abordar el tema y mejorar las condiciones de seguridad de nuestros trabajadores".
Desde el Colegio Médico en Los Ángeles también rechazaron los actos de agresión verbal y física hacia los funcionarios de la salud tanto a nivel provincial como nacional.
Desde la orden gremial manifestaron que "estos hechos violentos y cobardes son el reflejo de una total falta de consideración hacia la labor médica que se realiza con dedicación y responsabilidad, y hacia los mismos usuarios·.
En ese sentido expresaron desde el Consejo Regional: "condenamos los hechos que afectan negativamente y causan inseguridad e interrumpen el servicio de atención en un área tan sensible como es la salud de las personas".
Aseguraron que, han tomado acciones para entregar asesoría legal a los afectados y para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos que pudieran afectar a los médicos y equipos de salud.
Se ha solicitado, además, a la autoridad de Salud interponer las acciones necesarias que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares.
Para el Colegio Médico de Los Ángeles, "en una sociedad democrática como la nuestra, creemos que es fundamental la libertad de expresión, sin embargo, ésta tiene límites en el respeto y la no violencia hacia los otros".
Por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía a no tolerar este tipo de hechos y a la autoridad a que tome las medidas para proteger la integridad de sus funcionarios de salud, porque no les parece justo que se vean expuestos a agresiones en el contexto de la realización de su trabajo.
La Ley Consultorio Seguro, promulgada en diciembre de 2019, endurece las sanciones contra quienes agredan a funcionarios de la salud y educacionales, protegiendo su integridad física y laboral.
Además, impone la obligación de los establecimientos de salud de denunciar agresiones y sanciona penalmente a los agresores con penas más altas, que pueden llegar a presidio mayor en su grado medio en casos de lesiones graves.
Aumenta las penas para delitos de lesiones y amenazas contra personal de salud, llegando hasta 15 años de presidio mayor en su grado medio si la agresión causa daño severo o pérdida de autonomía.
Obliga a los jefes de establecimientos de salud (públicos y privados) a denunciar inmediatamente cualquier delito contra sus funcionarios al Ministerio Público, Carabineros o PDI.
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