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La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría para revisar el proceso de recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a dichas entidades por concepto de licencias médicas.
La instancia se encuentra debidamente coordinada con las Unidades de Auditoría Interna de entidades del sector público y municipal, que incluye a 733 instituciones a lo largo del país.
Esta auditoría también considera examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuando sus licencias médicas fueron rechazadas.
De las instituciones analizadas, 173 pertenecen al sector salud; 33 a educación; 26 a las Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería; 24 a educación superior; dos a empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 municipalidades.
La auditoría se inició a principios de este mes y examinará los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios, y las acciones realizadas por los servicios para cobrar dichos montos.
Esto último incluye tanto a las entidades de salud previsional, como a los funcionarios que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y debían reintegrar los días no trabajados.
La Contraloría informó que los resultados de este proceso se darán a conocer en un plazo aproximado de tres meses.
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