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El proyecto de ley marco del subsidio de incapacidad laboral (SIL) ingresado al Senado por el Ejecutivo ha generado el rechazo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) regionalizada del Biobío, que denuncia retrocesos en derechos laborales históricos. La iniciativa modifica aspectos sustanciales del sistema actual de licencias médicas.
El cambio principal establece una carencia de dos días, independiente de la extensión del reposo y del sector en que se desempeña el trabajador. Esto significa que se definirá un nuevo período de carencia universal: actualmente, si la licencia médica tiene una duración de 11 días o más, se pagan desde el primero, pero si es de 10 días o menos, los primeros tres no se pagan, mecanismo que hoy se aplica solo en el sector privado.
El objetivo declarado de la iniciativa es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, garantizando un sistema que fortalezca la protección de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema, además de fortalecer las facultades de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
Cristian Aravena, presidente de la Fenats regionalizada del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, explicó el impacto que tendría la medida en los funcionarios públicos.
Aravena sostiene que esta medida no debería aplicarse porque "con este proyecto, con estos dos días que se van a descontar, el Estado se ahorra $180 millones. Entonces, están jugando con la salud de los trabajadores por ahorrar eso. Claramente, hay que nivelar hacia arriba y no para abajo".
Para el dirigente, la solución no pasa por recortar derechos, sino por fortalecer la fiscalización de las licencias y dotar de más recursos humanos y técnicos a entidades como la Compin y las isapres, responsables de supervisar el uso correcto de las licencias médicas.
El representante sindical explicó que vienen trabajando este tema desde mucho antes que estallara la controversia, creando instancias como los comités de ausentismo, donde se revisan los casos de funcionarios con más de 180 días de licencia en dos años, buscando soluciones y apoyo médico.
El dirigente advirtió sobre las consecuencias que tendría este proyecto para la salud de los trabajadores, afirmando que algunos están regresando a sus puestos antes de recuperarse, incluso mientras esperan cirugías, por temor a perder sus empleos. Como ejemplo, citó el caso de un técnico de enfermería de nivel superior que padece hernias lumbares y debe levantar pacientes, lo que puede empeorar sus lesiones. "Hay colegas en UCI o pabellón que realizan aseos a pacientes de más de 140 kilos, muchas veces solos. Eso genera problemas físicos serios", agregó.
Otro punto que generó molestia entre los dirigentes es que la iniciativa no fue discutida previamente con las organizaciones del sector. "Se presentó de la noche a la mañana, a espaldas de todos los funcionarios públicos. No hubo diálogo ni participación", afirmó Aravena.
El dirigente aseguró que ya han iniciado gestiones políticas para frenar la medida y advirtió que si esta avanza, podrían convocar a movilizaciones a nivel nacional. Una de estas medidas fue la entrega de una carta rechazando el proyecto de ley que modifica el SIL.
La iniciativa fue respaldada por la diputada del distrito 21, Clara Sagardía (FA), quien sostuvo que se trata de una propuesta que, lejos de avanzar en derechos, impone castigos a quienes se enferman cumpliendo funciones esenciales para la sociedad.
También aseguró que se debe evitar profundizar "la lógica de castigo en un sistema que ya es insuficiente y desigual. Esta no puede ser la solución para quienes han hecho mal uso de licencias. Tienen que tener su castigo, pero no quienes están realmente enfermos y tiran licencias porque están en un sistema de salud que no los protege".
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