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Con dos investigaciones administrativas en curso en la Delegación Presidencial Regional, la autoridad en Biobío inició la aplicación de las primeras medidas frente a los casos de funcionarios públicos que habrían salido del país durante licencias médicas, instruyendo actuar con celeridad ante posibles transgresiones éticas.
En entrevista con La Tribuna, la seremi de Gobierno del Biobío, Jacqueline Cárdenas, se refirió al "criterio Boric" adoptado tras el informe de la Contraloría.
La vocera regional advirtió que ningún funcionario de confianza puede usar su cargo en beneficio personal y que el estándar ético exigido en la administración pública "no es negociable".
Los casos investigados corresponden al informe emanado desde la Contraloría General de la República, que determinó que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre los años 2023 y 2024, mientras se encontraban con licencia médica.
¿Cuál es la instrucción que han recibido los organismos gubernamentales respecto de este caso?
La instrucción es clara: cualquier funcionario o funcionaria de confianza que haya salido del país mientras se encontraba con licencia médica debe ser objeto de un sumario inmediato y, de confirmarse los hechos, ser desvinculado del cargo. Esa es la aplicación directa del "Criterio Boric" . Evidentemente no puede haber defensas corporativas de ningún tipo, y las sanciones deben ser drásticas. Acá no se trata de encubrir ni proteger a nadie.
¿Se ha notificado formalmente a las jefaturas de servicios públicos sobre este criterio?
Sí, desde la vocería de Gobierno de la región hemos hecho llegar estas directrices a todas las jefaturas. El delegado regional presidencial, Eduardo Pacheco, también ha sido muy enfático, y cuando se constatan irregularidades se deben asumir las consecuencias que correspondan y, por supuesto, cesar los cargos. Lo que está aquí en juego es la fe pública y la confianza ciudadana en las instituciones, y eso es lo que no se puede perder de vista.
¿En cuanto a la región del Biobío, se han presentado solicitudes de renuncia producto de estos casos?
Sí, en la región del Biobío ya hemos tenido que presentar un caso concreto, que fue la salida del seremi del Deporte, a quien se le solicitó la renuncia luego que se confirmara un viaje al extranjero mientras mantenía una licencia médica.
Esta no fue una decisión improvisada ni comunicacional. Aquí lo que se hizo es la aplicación directa de lo instruido: que frente a hechos de esta naturaleza, específicamente cuando se trata de cargos de confianza política, se debe proceder con sumario inmediato y desvinculación.
Este caso es representativo por varias razones: se actuó con celeridad, y la decisión se tomó sin cálculos políticos ni defensas corporativas.
En segundo lugar, porque reafirma que los estándares éticos del ejercicio de la función pública no son negociables. Y, en tercer lugar, porque la señal es clara: nadie está por sobre las normas ni puede usar una posición pública para beneficios personales.
¿Qué representa este primer caso?
Ilustra que no estamos frente a una persecución, sino ante un acto de responsabilidad política. El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, lo dijo con claridad en cuanto a que las autoridades políticas deben asumir las responsabilidades. No basta con lamentar o comentar la situación. Hay que actuar, y eso es lo que hemos hecho en la región del Biobío.
¿Existe algún otro caso similar en la provincia?
En la provincia de Biobío estamos a la espera de los detalles que se puedan entregar, que están siendo desagregados, y que deben llegar también desde la Contraloría. Hemos solicitado a los servicios con presencia en las provincias que revisen sus registros y actúen con la máxima celeridad, porque, repito, nadie está por sobre los estándares éticos y si se detectan casos, se aplicará el mismo rigor: sumario, restricción de fondos y desvinculación cuando corresponda.
Es importante indicar que todos los sumarios se están llevando de manera centralizada. En la región del Biobío, como lo dijo el propio delegado, tenemos dos sumarios en la Delegación Presidencial Regional.
Respecto de estos sumarios, ¿qué tipo de labores cumplen los funcionarios implicados?
Pertenecen a la delegación, por lo tanto, si hubiesen sido de confianza política, ya se les habría solicitado la renuncia. Ahora se tiene que esperar a los resultados, para determinar los pasos a seguir.
A partir de ahora, ¿existen algún tipo de instrucción específica en materia de fiscalización?
Esto es algo que no inicia con los antecedentes que ha conocido la ciudadanía. Aquí hay un trabajo que se viene realizando desde hace ya bastante tiempo con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Se ha ido cruzando datos con el apoyo de la tecnología, lo que nos ha permitido tener información de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y la Policía de Investigaciones (PDI) en temas como registro migratorio, lo que también ha ido dando resultados. Desde el 2022, la Compin también estuvo fiscalizando a los grandes emisores de licencias médicas, y eso ha permitido también recuperar recursos y tener, incluso, a médicos investigados.
De hecho, durante el mes de marzo, unánimemente el Parlamento aprobó modificaciones que permiten que hoy en día la Compin también tenga mayor alcance fiscalizador y mayores atribuciones.
¿Cuáles son las señales que espera dar el Gobierno?
Bueno, lo primero es que nosotros enfrentamos los problemas, no los escondemos. Lo que ha quedado en evidencia es un problema estructural, transversal y que es de larga data.
No es algo de este Gobierno, y eso lo recalco porque muchas veces, sobre todo en un año electoral, pareciese que el tema sirviese para tomar ventajas políticas. De hecho, como ha informado el ministro de Hacienda, el 90% de los casos que están siendo investigados corresponden a funcionarios contratados antes de 2022.
Aquí no se trata de blindar a nadie, pero tampoco vamos a aceptar caricaturas ni montajes políticos que, finalmente, lo que hacen es distorsionar la verdad. Y lo segundo es que actuamos con datos, con transparencia y medidas concretas. Ya hay 131 instituciones del Gobierno que han iniciado procesos sumariales, y eso abarca a más de 6 mil 590 funcionarios.
En 2024, tras detectar situaciones similares a las dadas a conocer recientemente por la Contraloría General de la República, la Compin inició un plan coordinado con la Junji, la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, considerando el nivel central y los servicios de Salud. Los resultados preliminares arrojan 302 incumplimientos de reposo médico por licencias falsas, situaciones de doble empleador y las ya conocidas salidas del país.
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