Diputada Karen Medina propone Registro Nacional de Funcionarios Públicos sancionados por fraude al Fisco tras escándalo de licencias médicas

La parlamentaria Karen Medina (Indep-DC), presentó un proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de Funcionarios Públicos sancionados por Causales de Fraude al Fisco. Este registro tiene como objetivo compilar un listado de aquellos funcionarios que hayan renunciado, desvinculados o sancionados por conductas que constituyan fraude, estableciendo así una inhabilidad absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos en la administración del Estado para quienes incurran en tales actos.

La iniciativa surge tras el reciente escándalo relacionado con el mal uso de licencias médicas, donde se informaron irregularidades que han afectado la confianza pública en las instituciones. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer que se han iniciado sumarios administrativos en 12,500 casos dentro de la administración central, lo que representa aproximadamente a 8,000 funcionarios involucrados. Las investigaciones se centran en aquellos que habrían utilizado licencias médicas de manera indebida para realizar viajes al extranjero.

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"La creación de este Registro Nacional de Funcionarios Públicos Sancionados por Fraude al Fisco es un paso significativo hacia la mejora de la administración pública y la recuperación de la confianza ciudadana. Esta medida no solo busca sancionar, sino también

prevenir futuros abusos, garantizando que quienes ocupan cargos públicos actúen con responsabilidad y ética", comentó Medina sobre el proyecto.

A lo anterior, la parlamentaria agregó que "hay que erradicar la corrupción y tener sanciones ejemplares, es inaceptable que funcionarios públicos que deben estar comprometidos con el bienestar del país, incurran en

estas conductas que implica un gasto excesivo para el Estado que debe pagar estas licencias, es plata de todos los chilenos".

La diputada Medina hizo un llamado al resto de los legisladores para respaldar esta iniciativa que busca dignificar y restaurar la confianza en la función pública, asegurando que el Estado esté libre de prácticas deshonestas que afectan el funcionamiento de las instituciones.