Regístrate en nuestro newsletter
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el riesgo de reincidencia identificado en 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas de condena. En un punto de prensa realizado en las dependencias de Morandé 107, la autoridad defendió las atribuciones de su cartera y anunció cambios legales para reforzar los criterios considerados al momento de resolver estas solicitudes.
Los antecedentes fueron revelados por BiobioChile, medio que informó que los informes de Gendarmería advertían sobre factores como un alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de los beneficiados.
Según lo informado por el propio Gobierno, las personas favorecidas se encuentran en libertad y las víctimas no fueron notificadas de estas decisiones, antecedentes que han puesto el foco en el procedimiento de rebaja de condenas y en los criterios utilizados para evaluar a quienes solicitan el beneficio.
Frente a los cuestionamientos por los antecedentes de los condenados, Rabat sostuvo que la evaluación de cada solicitud no corresponde directamente al Ministerio de Justicia, sino a una comisión especializada establecida por ley.
De acuerdo con su explicación, el consejo encargado de revisar estos casos está integrado por ministros de la Corte de Apelaciones, jueces, psicólogos y asistentes sociales, quienes deben analizar los antecedentes y determinar si corresponde conceder la rebaja.
En ese marco, el secretario de Estado precisó que la intervención de su cartera se limita a verificar el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades, sin ponderar individualmente la situación de cada interno.
El ministro también anunció que el Ejecutivo trabaja en una modificación legal destinada a fortalecer la evaluación de las solicitudes de rebaja de condena, especialmente cuando existen antecedentes que advierten sobre un eventual riesgo de reincidencia.
Según explicó, el Presidente mandató buscar una solución para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse. La propuesta busca cubrir un vacío normativo que, de acuerdo con Rabat, también ha sido reconocido por la jurisprudencia.
Uno de los principales cambios planteados consiste en establecer que los informes elaborados por Gendarmería de Chile tengan el carácter de antecedente calificado para la comisión que debe resolver si procede la rebaja.
Rabat recalcó que su ministerio no tiene actualmente atribuciones para ponderar directamente los antecedentes de riesgo identificados en los informes. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa busca que esos elementos tengan mayor incidencia en la decisión final.
En particular, la propuesta apunta a que la comisión considere de manera reforzada los antecedentes disponibles al momento de calificar el comportamiento de una persona condenada como sobresaliente o no sobresaliente, evaluación vinculada a la procedencia del beneficio.
Rabat también recordó que el sistema de rebaja de condenas opera desde 2003 y que, durante más de dos décadas, ha contemplado la participación de una comisión especializada para revisar las solicitudes.
El ministro argumentó que la existencia de ese riesgo explica la incorporación de profesionales especializados en el procedimiento, entre ellos psicólogos y asistentes sociales.
No obstante, la identificación de un alto riesgo de reincidencia en 33 de los 56 condenados beneficiados vuelve a situar en el centro del debate el peso que tienen los informes técnicos dentro de la evaluación y la capacidad del mecanismo para considerar los antecedentes de cada solicitante.
Consultado sobre si la autoridad debió advertir el riesgo más allá de las competencias formales de su cartera, Rabat insistió en que los antecedentes se han gestionado bajo las mismas reglas durante más de 20 años.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
