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La investigación parlamentaria pondrá especial atención en las actuaciones de los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, además de las entidades estatales responsables de supervisar a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), durante el período comprendido entre 2018 y 2026.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD), afirmó que las pérdidas del multifondo E alcanzarían los US$10.000 millones, cifra que utilizó para cuestionar el desempeño de las administradoras.
El parlamentario calificó la situación como "un verdadero asalto a mano armada de las AFP", en una declaración que refleja el tono de los cuestionamientos que motivaron la solicitud de investigación.
El trabajo de la comisión buscará establecer qué medidas adoptaron las autoridades y los organismos públicos con responsabilidades de supervisión frente a la evolución de las pérdidas del multifondo E.
El período de revisión, que abarca ocho años, permitirá examinar las actuaciones institucionales vinculadas a la fiscalización de las AFP y determinar eventuales responsabilidades, de acuerdo con el objetivo planteado por los parlamentarios que promovieron la iniciativa.
El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), también impulsor de la comisión, sostuvo que el propósito es "profundizar en los hechos, escuchar a los organismos técnicos y regulatorios y dar soporte a las distintas acciones que se han emprendido para establecer la responsabilidad de las AFP y de sus ejecutivos".
La instancia deberá reunir antecedentes y escuchar a los actores pertinentes antes de presentar sus conclusiones dentro del plazo establecido.
La iniciativa parlamentaria se suma a otra acción impulsada por Ulloa, Araya y otros legisladores: la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Nacional por el eventual delito de administración desleal.
Junto con ello, los parlamentarios solicitaron que se designe un fiscal exclusivo para investigar las pérdidas atribuidas al multifondo E.
Ambas gestiones avanzan por vías distintas. Mientras la comisión especial tendrá una función de investigación parlamentaria sobre las actuaciones de las autoridades y los organismos estatales, la denuncia busca que el Ministerio Público examine los antecedentes desde una perspectiva penal.
La eventual existencia de responsabilidades deberá establecerse a partir de los antecedentes que se reúnan en cada instancia. La aprobación de la comisión y la presentación de la denuncia no constituyen, por sí solas, una determinación de culpabilidad.
Con un plazo de 60 días para elaborar su informe, la comisión deberá reunir los antecedentes necesarios para responder a los cuestionamientos sobre la fiscalización de las AFP y las actuaciones de los organismos públicos durante el período investigado.
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