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La moción fue presentada por las senadoras Danisa Astudillo (PS) y Loreto Carvajal (PPD) y los senadores Gastón Saavedra (PS) y Enrique Van Rysselberghe (UDI). El proyecto deberá iniciar su tramitación en la Comisión de Obras Públicas del Senado.
La iniciativa surgió luego del caso registrado en la Región del Biobío, donde una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto quedó detenida en un peaje debido a que no contaba con dinero en efectivo.
Según los antecedentes incorporados en la moción, la demora terminó con el nacimiento de la bebé al interior del automóvil antes de que la familia pudiera llegar al recinto asistencial. El episodio ocurrió en la ruta Interportuaria, durante el traslado hacia el Hospital Las Higueras.
A partir de este hecho, los autores del proyecto plantean que, frente a una emergencia, el derecho al libre tránsito debe quedar subordinado a la protección de la vida, la integridad física y la salud.
Uno de los principales cambios propuestos establece que la condición de emergencia podrá presumirse mediante la sola declaración verbal del conductor en la caseta de cobro.
De esta manera, el personal del peaje deberá levantar la barrera sin exigir el pago inmediato de la tarifa.
La medida busca evitar que una persona que enfrenta una urgencia médica deba detener su traslado para resolver previamente un mecanismo de pago.
La propuesta no elimina el cobro para estos casos. El proyecto contempla un mecanismo de pago posterior, con un plazo de 48 horas para regularizar la tarifa mediante transferencia electrónica u otros medios que sean informados por la concesionaria.
Si el pago no se concreta dentro de ese período, la empresa podrá gestionar posteriormente el cobro directamente con el propietario del vehículo.
Otro de los puntos incluidos en la moción apunta directamente a los trabajadores que operan las casetas.
El proyecto establece que las empresas concesionarias no podrán aplicarles sanciones, descuentos o cobros por levantar las barreras cuando se encuentren frente a una situación de emergencia.
Con ello, la iniciativa busca entregar respaldo a los funcionarios para que puedan permitir el paso sin que la decisión implique consecuencias laborales o económicas.
La propuesta también incorpora sanciones penales para quienes obstaculicen el tránsito de vehículos en situaciones de emergencia o catástrofe.
De acuerdo con el texto difundido por el Senado, las penas podrían alcanzar hasta tres años de cárcel, correspondientes a presidio menor en su grado mínimo a medio.
La moción se encuentra en una etapa inicial de su recorrido legislativo y será analizada por la Comisión de Obras Públicas del Senado.
Por ahora, se trata de un proyecto de ley y sus disposiciones deberán ser discutidas durante la tramitación parlamentaria antes de determinar su eventual aprobación, modificación o rechazo.
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