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La medida está contenida en un oficio emitido el 27 de agosto de 2026, luego de una fiscalización que examinó antecedentes desde el inicio de la gestión del jefe comunal.
De acuerdo con el oficio de Contraloría, Oses utilizó habitualmente la camioneta Toyota 4Runner, patente GZFW-24, para el cumplimiento de sus funciones desde que asumió como alcalde, el 6 de diciembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2025.
A partir de octubre de ese año comenzó a ocupar una Toyota Fortuner, patente VKSH-30. Cuando este vehículo se encontraba en mantención o reparación, utilizaba ocasionalmente el móvil anterior. El documento agregó que el alcalde conducía personalmente ambos automóviles, sin recurrir a un chofer municipal.
Durante la revisión, el organismo fiscalizador constató que la autoridad empleó habitualmente estos vehículos para trasladarse desde su domicilio particular, ubicado en el sector Trupán de la comuna de Tucapel, hasta las dependencias municipales de calle Rozas N.º 160, en Santa Bárbara, y viceversa.
Contraloría precisó que el traslado regular de una autoridad entre su domicilio y su lugar de trabajo puede efectuarse en un vehículo institucional cuando ambos puntos se encuentran dentro de la misma región. Sin embargo, indicó que la decisión de residir en otra comuna no puede significar que el organismo público soporte consumos superiores a la cuota máxima legal de 300 litros mensuales.
Según la tabla incluida en el oficio, este límite fue excedido entre diciembre de 2024 y junio de 2026, con excepción de agosto y septiembre de 2025. Entre los registros más elevados figura julio de 2025, cuando la camioneta GZFW-24 consumió 974 litros, con un exceso de 674 litros respecto del máximo permitido.
En marzo de 2025 se registraron 935 litros, es decir, 635 por sobre la cuota, y en mayo del mismo año el consumo alcanzó los 794 litros. Posteriormente, la camioneta VKSH-30 utilizó 756 litros en octubre de 2025 y 630 litros en diciembre de esa anualidad.
Ante estos antecedentes, Contraloría ordenó al municipio realizar un análisis mensual de los recorridos efectuados por el alcalde para cuantificar el sobreconsumo del periodo comprendido entre diciembre de 2024 y junio de 2026. Los montos resultantes deberán ser reintegrados a la tesorería municipal y acreditados documentalmente en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del oficio.
La revisión también comprobó que la Municipalidad de Santa Bárbara no contaba con la bitácora de la camioneta GZFW-24 entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta ausencia impidió verificar el kilometraje, los recorridos y las actividades realizadas con el vehículo durante ese periodo.
A ello se sumó la inexistencia de hojas de vida de ambos móviles, documentos en los que deben registrarse sus características, desperfectos, reparaciones, mantenciones, kilómetros recorridos y consumo mensual de combustible.
La entidad fiscalizadora estableció, además, que los decretos que autorizaban el estacionamiento de las camionetas en el domicilio del alcalde, en Trupán, no formalizaban su asignación a la alcaldía ni fundamentaban la necesidad de mantener dos vehículos vinculados a la autoridad comunal.
En el caso de la Toyota 4Runner, Contraloría constató que no portaba el disco que permite identificarla como vehículo fiscal. Debido a que no era utilizada exclusivamente por el alcalde y también prestaba apoyo a otros funcionarios, el municipio deberá instalarle el distintivo y acreditar esta medida dentro de 60 días hábiles.
Otro de los hallazgos se relaciona con una carga de 61,49 litros de combustible realizada a las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2025 en la Toyota Fortuner. La operación quedó asociada al RUN de una persona que no pertenecía a la dotación municipal y que, conforme con los datos del Registro Civil, había fallecido el 21 de enero de 2009.
El oficio añadió que la bitácora del vehículo consignaba al alcalde como responsable de los registros de kilometraje y horarios de los desplazamientos efectuados durante esa jornada. Para Contraloría, esta situación evidenció deficiencias en los mecanismos de supervisión y trazabilidad de las operaciones.
Por la ausencia de la bitácora y las hojas de vida, además de las observaciones formuladas al control de las cargas de combustible, el organismo ordenó instruir un proceso disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las situaciones expuestas en el oficio. El municipio tendrá un plazo de 15 días hábiles para remitir a Contraloría una copia del acto que disponga el inicio del procedimiento.
La fiscalización tuvo su origen en una presentación efectuada por los concejales Héctor Quezada Quezada, José Sandoval Castillo y Herminio Pardo Urrutia, quienes solicitaron investigar eventuales irregularidades en la utilización de ambos vehículos.
En un comunicado compartido por Quezada, los ediles señalaron que recurrieron a Contraloría el 5 de marzo de este año, en el marco de las facultades fiscalizadoras que les entrega la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Los integrantes del concejo también informaron que el viernes 28 de agosto sostuvieron una reunión con el contralor regional del Biobío para "ahondar un poco más en este tema y en muchos otros que se encuentran en presentación y a la espera de respuestas", expresaron.
Diario La Tribuna se contactó con el equipo de Comunicaciones de la Municipalidad de Santa Bárbara y también envió una solicitud al gabinete municipal para conocer su versión sobre lo resuelto por Contraloría. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
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