Hay discusiones que pueden esperar. La seguridad de las personas, no.

Durante estos meses, recorriendo las distintas comunas de la provincia de Biobío, conversando con vecinos, alcaldes, funcionarios públicos, Carabineros, detectives y fuerzas armadas, he podido conocer de primera fuente una preocupación que se repite: la necesidad de que el Estado tenga la capacidad suficiente para enfrentar las nuevas formas de criminalidad que estamos viendo.

No es una percepción lejana ni una discusión exclusivamente política. Se observa en terreno.

El crimen ha cambiado. Las organizaciones criminales utilizan nuevas formas de operar, buscan recursos, establecen redes e intentan instalarse en lugares donde antes no tenían presencia, y son fenómenos que exigen respuestas cada vez más especializadas. Biobío no está ajeno a esa realidad.

Esto no significa que estemos perdiendo una batalla. Sería injusto desconocer el trabajo que realizan diariamente nuestros servicios públicos. Cada operativo exitoso, cada organización desarticulada, cada droga que no llega a las calles, cada arma que es retirada de circulación y cada persona que recupera tranquilidad en su barrio son avances concretos.

Pero precisamente porque el crimen cambia, el Estado también debe ser capaz de cambiar.

Por eso es tan importante la discusión que hoy se desarrolla en el Congreso en torno a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La propuesta busca, entre otras materias, reconocer expresamente la seguridad pública como un deber del Estado y entregar nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y sus amenazas.

No pretendo desde estas líneas resolver una discusión que corresponde al Parlamento. Sí creo que, desde quienes tenemos responsabilidades en materia de seguridad, debemos aportar con claridad lo que vemos. Y lo que vemos es que las herramientas importan.

Las policías necesitan capacidades para investigar y actuar. Los fiscales necesitan instrumentos adecuados para perseguir delitos cada vez más complejos. El sistema penitenciario debe contar con mecanismos que permitan impedir que quienes están privados de libertad continúen dirigiendo organizaciones desde las cárceles. Y el Estado debe tener la capacidad de seguir las redes y los recursos que permiten a estas organizaciones crecer y sostenerse.

La seguridad no se construye desde una sola institución. Se construye cuando el Estado funciona como un sistema, cuando las policías pueden investigar y actuar, cuando los fiscales cuentan con antecedentes suficientes, cuando los municipios colaboran y cuando las distintas instituciones pueden trabajar de manera coordinada.

Esa coordinación la he visto en terreno y sé cuánto puede lograr. También sé que no basta.

Porque no podemos pedirle a quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas que enfrenten nuevas amenazas utilizando herramientas pensadas para una realidad que ya cambió.

Por eso esta reforma merece ser discutida con responsabilidad y con altura de miras. Con pleno respeto por el Estado de Derecho, por las libertades y por las garantías de todas las personas. Pero también entendiendo que proteger esos derechos requiere que el Estado tenga la capacidad efectiva de enfrentar a quienes pretenden arrebatarlos mediante la violencia y el miedo.

Al final del día, la seguridad no es una abstracción. Es el comerciante que quiere abrir su negocio y trabajar tranquilo. Es la familia que quiere volver a casa sin miedo. Es el padre o la madre que quiere que sus hijos puedan jugar en una plaza. Es el adulto mayor que quiere caminar por su barrio sin sentir que debe encerrarse. Es el trabajador que termina su jornada y solo quiere regresar a casa, descansar y relajarse.

Ahí está, en definitiva, el sentido de esta discusión.

Chile requiere un Estado capaz de responder, con mejores capacidades, que coordine sus esfuerzos y que entregue a quienes tienen la responsabilidad de protegernos las herramientas que necesitan para hacerlo.

No se trata de una estadística, ni de una institución ni de un Gobierno. Se trata de las personas.

Especialmente de quienes más han sufrido la violencia criminal; de quienes han debido cambiar sus rutinas, cerrar sus negocios, dejar de ocupar espacios públicos o convivir con un temor que nunca debió instalarse en su vida cotidiana.

Porque recuperar la seguridad no significa solamente reducir los delitos. Significa devolver tranquilidad, recuperar espacios, proteger la libertad y permitir que una familia vuelva a sentir que su barrio le pertenece.

Y para eso necesitamos urgentemente un Estado con las herramientas adecuadas. No mañana. No cuando el problema sea más grande. Ahora.

Juan Pablo Mellado

Delegado Presidencial