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El Gobierno concretó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley denominado "Cautelares Reforzadas", iniciativa que busca fortalecer la protección judicial de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y aumentar las consecuencias para quienes incumplan las medidas de resguardo decretadas por los tribunales.
La propuesta fue presentada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por La Tercera el proyecto contempla modificaciones a distintos estatutos legales y al Código Procesal Penal, con el objetivo de reducir las brechas existentes en la fiscalización y cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Uno de los principales ejes de la iniciativa apunta a evitar que las víctimas queden expuestas durante la tramitación de sus causas, especialmente cuando estas pasan entre distintos tribunales.
El proyecto establece reglas y un protocolo de coordinación para los casos en que una causa pase desde un tribunal de familia a un juzgado de garantía debido a la existencia de antecedentes que podrían constituir delito.
La medida busca asegurar la continuidad de las órdenes de protección durante eventuales conflictos de competencia entre tribunales.
La iniciativa incorpora una nueva medida cautelar destinada a impedir expresamente el acoso, las amenazas y el contacto mediante redes sociales y otras plataformas digitales hacia la víctima o sus hijos.
El cambio busca abordar una dimensión de la violencia que puede mantenerse incluso cuando existe una orden judicial que restringe el acercamiento físico.
Otro de los puntos considera fortalecer la fiscalización de las medidas cautelares mediante herramientas de monitoreo telemático.
La propuesta permite que inspectores de seguridad municipal colaboren en estas labores y elimina la exigencia de una formalización previa para utilizar tobilleras electrónicas.
Además, contempla sanciones frente a la inutilización o retiro intencional del dispositivo de monitoreo.
El proyecto también modifica el Código Procesal Penal para que el incumplimiento de medidas cautelares sea considerado por los jueces al momento de evaluar la prisión preventiva.
Con ello, el Ejecutivo busca que la transgresión de una orden judicial tenga un peso mayor dentro de la evaluación del riesgo asociado al imputado.
Finalmente, la iniciativa contempla la posibilidad de designar jueces de Garantía con dedicación preferente a causas de violencia intrafamiliar en tribunales que cuenten con más de tres magistrados.
La medida apunta a favorecer una mayor especialización y continuidad en la tramitación de este tipo de casos.
Con el proyecto de "Cautelares Reforzadas", el Ejecutivo plantea avanzar desde la dictación de medidas de protección hacia un seguimiento más efectivo de su cumplimiento, incorporando además herramientas frente a nuevas formas de hostigamiento, particularmente en entornos digitales.
La propuesta deberá continuar ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados, donde se discutirá el alcance de las modificaciones y sus eventuales ajustes durante el debate parlamentario.
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