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La Tribuna

Cámara despachó proyecto de reconstrucción nacional

por Jorge Monares Olivares

La iniciativa quedó lista para continuar su tramitación tras aprobarse el informe de comisión mixta, que reemplazó el aporte fiscal directo al Fondo Común Municipal por un mecanismo de compensación vía Ley de Presupuestos para enfrentar la exención de contribuciones a adultos mayores.

Según adelantó el mandatario, el anuncio estará centrado en un Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será ingresada como proyecto de ley al Congreso y que contempla un enfoque multidimensional. / Aton

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, con lo que la iniciativa quedó despachada por esa corporación y avanzó un paso más en su tramitación legislativa.

El informe fue respaldado por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones, resolviendo el único punto pendiente del proyecto: la fórmula para compensar a los municipios por la menor recaudación derivada de la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años.

La propuesta elimina el aporte fiscal específico de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal y lo reemplaza por un mecanismo de compensación que se definirá cada año en la Ley de Presupuestos. Los recursos serán distribuidos por la Tesorería General de la República, considerando la recaudación que los municipios dejen de percibir por la aplicación de este beneficio tributario.

La estimación anual de esos montos estará a cargo del Servicio de Impuestos Internos, que deberá informar los antecedentes a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería.

Para acceder a la compensación, las municipalidades deberán cumplir dos requisitos: haber entregado oportunamente la información mensual sobre personal y remuneraciones establecida en la Ley 21.306, y acreditar una reducción de al menos un 30% en el plazo promedio de tramitación de permisos municipales, en comparación con el promedio registrado entre 2023 y 2025.

La Dirección de Presupuestos verificará el cumplimiento de estas condiciones, mientras que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo supervisará anualmente que se materialice la compensación y propondrá los ajustes administrativos o presupuestarios que resulten necesarios.

Asimismo, el informe incorpora un nuevo mecanismo para el cobro de deudas por patentes municipales y derechos de aseo.

En adelante, los municipios podrán remitir a Tesorería la nómina de contribuyentes morosos para gestionar la recuperación de esos recursos.

Posteriormente, el organismo deberá transferir a cada municipalidad el total de lo recaudado, incluyendo capital, reajustes, intereses y multas, junto con una rendición detallada.

Durante el debate, parlamentarios del oficialismo y del PDG valoraron el acuerdo alcanzado, señalando que permite avanzar en la exención de contribuciones para los adultos mayores sin afectar los ingresos municipales y destacando la disposición del Ejecutivo para modificar la propuesta original.

En contraste, desde la oposición se cuestionó que la compensación no garantiza la reposición efectiva de los recursos y se criticaron las condiciones exigidas a los municipios para acceder a los aportes. También se manifestó preocupación por entregar a Tesorería la facultad de cobrar patentes y derechos de aseo.

Desde el Partido Libertario, en tanto, se planteó que antes de establecer mecanismos de compensación los municipios deben mejorar la administración de sus finanzas.

Con esta votación, el proyecto deberá ser revisado por el Senado respecto del informe de la comisión mixta. De obtener también su aprobación, quedará en condiciones de ser remitido al Ejecutivo, que podrá promulgarlo o formular observaciones.

Posteriormente, el texto será revisado por el Tribunal Constitucional debido a las reservas de constitucionalidad presentadas durante su tramitación.

La iniciativa se estructura sobre cinco ejes: la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso; la reactivación de la construcción; el fortalecimiento de la competitividad tributaria para incentivar la inversión y el emprendimiento; la agilización de procesos regulatorios para destrabar proyectos de inversión; y el resguardo de la responsabilidad fiscal.

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