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La iniciativa, que reúne distintas mociones parlamentarias revisadas previamente por la Comisión de Gobierno Interior, obtuvo 87 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones. Sin embargo, al incorporarse diversas indicaciones presentadas por legisladores de distintos sectores, el texto deberá regresar a la comisión técnica para su análisis en particular antes de continuar su tramitación en el Senado.
El debate abrió una discusión más amplia sobre cómo equilibrar el ejercicio de los derechos cívicos con las necesidades de una economía que, según sus impulsores, requiere adecuar normas concebidas en un contexto distinto al actual.
Los parlamentarios que respaldaron la propuesta sostuvieron que la legislación vigente genera restricciones que afectan significativamente la actividad económica, especialmente en centros comerciales, malls y establecimientos pertenecientes a una misma razón social, obligados hoy a cerrar completamente durante los procesos electorales.
Desde esa perspectiva, la reforma apunta a modernizar la normativa y evitar la paralización de sectores considerados estratégicos para el empleo y el consumo interno.
Durante el debate legislativo también se recogieron planteamientos de organizaciones del mundo empresarial, entre ellas la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que han advertido sobre los efectos negativos que tendría el cierre obligatorio en términos de ventas, continuidad operacional y fuentes laborales.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que el voto obligatorio y el funcionamiento del comercio no son incompatibles, siempre que existan mecanismos efectivos para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho a sufragio.
Uno de los aspectos más enfatizados durante la discusión fue que la propuesta no elimina las garantías laborales asociadas a la participación electoral.
En caso de prosperar la reforma, se mantendrían vigentes diversos mecanismos de protección:
Estos resguardos han sido presentados por los defensores del proyecto como una garantía para compatibilizar la continuidad de los servicios con la participación democrática.
Pese al amplio respaldo obtenido en la Sala, la iniciativa aún enfrenta etapas decisivas en su tramitación.
El retorno a la comisión permitirá revisar las indicaciones ingresadas por las distintas bancadas, especialmente aquellas orientadas a precisar los tiempos mínimos para acudir a votar, reforzar los mecanismos de fiscalización y evitar interpretaciones que puedan afectar tanto a trabajadores como empleadores.
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