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La iniciativa busca fortalecer la Ley N° 21.495, vigente desde octubre de 2022, que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, incorporando penas de cárcel, multas, suspensión de licencias y sanciones tanto a conductores como organizadores.
El proyecto también apunta a otras conductas vinculadas a la conducción temeraria en espacios públicos, como maniobras riesgosas, derrapes y competencias de velocidad en calles urbanas.
Desde el Biobío, la propuesta ha generado respaldo entre autoridades parlamentarias y comunales, quienes advierten que el fenómeno dejó de ser una simple infracción de tránsito para transformarse en un problema de seguridad pública.
El senador por la región, Sebastián Keitel, señaló que "es evidente que la ley actual quedó corta para prevenir y sancionar las carreras clandestinas".
Agregó que apoya el proyecto porque "viene a aumentar las sanciones y entregar mejores herramientas para perseguir no solo a quienes participan en estas carreras, sino también a quienes las organizan o promueven".
Keitel afirmó además que este fenómeno "dejó de ser una simple infracción de tránsito y se transformó en un problema de seguridad pública, poniendo en riesgo la vida de peatones, conductores y familias".
En esa línea, sostuvo que endurecer la normativa "incorporando incluso penas de cárcel, es vital para desincentivar estas conductas y recuperar de una vez por todas nuestros barrios".
Por su parte, el concejal de Los Ángeles, Daniel Badilla, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo Municipal, igualmente respaldó el avance del proyecto.
Badilla agregó que "en primer lugar, son ilegales", y advirtió que "han fallecido personas y seres queridos por culpa de algunos irresponsables que ocupan las calles y las avenidas para correr".
"Eso no es posible", recalcó, llamando a "endurecer las penas de una vez por todas".
El edil insistió en que "tenemos que ser una sola voz en ordenar todos estos temas" y llamó a ser "más manos duras" frente a este tipo de hechos.
La Ley N° 21.495 entró en vigencia en octubre de 2022, tipificando y sancionando las carreras clandestinas con penas de cárcel, multas y suspensión de licencias.
En ese mismo período, se registró en San Antonio un procedimiento policial que terminó con el fallecimiento del suboficial de Carabineros Carlos Retamal, en el contexto de una fiscalización vinculada a este tipo de carreras.
El caso terminó en mayo de 2024 con la condena a 20 años de presidio para el autor del homicidio del funcionario policial.
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