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La acción judicial se origina tras una serie de antecedentes detectados por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia creada por el actual Gobierno para examinar eventuales irregularidades en distintos organismos estatales.
Según lo informado por el Ejecutivo, la denuncia ya fue ingresada ante el Ministerio Público y se relaciona directamente con las revelaciones difundidas por Reportajes T13, investigación que expuso un presunto fraude superior a los $14 mil millones asociado a la entrega de onces escolares destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins.
De acuerdo con los antecedentes recopilados en la investigación interna de Junaeb, una parte importante de las raciones alimenticias comprometidas nunca habría sido entregada a los alumnos beneficiarios.
El caso ya es indagado por la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos que buscan establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.
Las auditorías impulsadas por el Gobierno de Kast abarcaron cuatro instituciones: el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Prodemu, la Subsecretaría de Transportes, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y Junaeb. Sin embargo, esta última se transformó en la primera entidad respecto de la cual el Ejecutivo decidió presentar antecedentes judiciales.
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, entregó declaraciones categóricas sobre los hallazgos detectados durante la revisión interna.
Entre los productos comprometidos figuraban colaciones compuestas por leche con sándwich o preparaciones de avena, fruta y té, cuyo costo habría superado los $8 mil por ración, cifra que hoy forma parte de los antecedentes investigados.
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