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La Tribuna

Contraloría fija instrucciones para aplicar controles de drogas a altas autoridades del Estado

por Jorge Monares Olivares

El organismo precisó cómo y cuándo deberán realizarse los exámenes toxicológicos exigidos por la Ley N° 21.806 a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicio.

Contexto / Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) impartió nuevas instrucciones para asegurar la correcta implementación de los controles obligatorios de drogas a altas autoridades del Estado, medida establecida en el artículo 110 de la Ley N° 21.806.

A través del Instructivo N° IN16/2026, emitido este 29 de abril, el organismo precisó el alcance, la forma y la oportunidad en que deberán aplicarse estos exámenes con la finalidad de fortalecer la probidad administrativa, la transparencia en la función pública y la idoneidad en el ejercicio de altos cargos.

La normativa establece que ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes superiores de servicio deberán someterse a un examen toxicológico al asumir sus funciones, el cual deberá repetirse al menos dos veces al año mientras permanezcan en el cargo.

Según detalló la Contraloría, el examen deberá realizarse mediante una muestra biológica de pelo y sus resultados tendrán carácter público, tal como lo dispone la ley.

El instructivo aclaró además que el control inicial no necesariamente debe efectuarse en el mismo momento de la asunción, sino dentro de un plazo razonable cercano al inicio de funciones. Incluso, se considerará válido un examen realizado previamente o hasta 30 días hábiles después de asumir, siempre que cumpla con los requisitos legales y técnicos exigidos.

Respecto de los controles posteriores, la CGR indicó que deberán efectuarse en fechas variables e imprevistas durante cada año calendario, resguardando así el carácter preventivo del sistema.

Asimismo, el organismo advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en responsabilidades administrativas, conforme a la Constitución y la legislación vigente.

Finalmente, la Contraloría reiteró que continuará fiscalizando el cumplimiento de esta normativa, velando por la legalidad de los actos administrativos y representando eventuales infracciones.

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