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El gobierno del presidente José Antonio Kast dio a conocer un nuevo documento orientado a regular el uso de redes sociales por parte de autoridades y organismos del Estado. La iniciativa establece una serie de lineamientos que buscan delimitar el uso de cuentas institucionales, resguardar la transparencia y evitar la utilización de plataformas digitales con fines políticos o personales.
El texto, denominado "Decálogo de prohibiciones en Redes Sociales para Autoridades", establece diez normas dirigidas a ministros, subsecretarios y funcionarios públicos, con el objetivo de reforzar criterios de probidad, neutralidad política y correcto uso de los canales oficiales de comunicación.
Entre las disposiciones más relevantes figura la instrucción de no bloquear a usuarios desde cuentas institucionales, argumentando que dicha acción podría vulnerar el derecho de las personas a acceder a información pública y participar en espacios digitales vinculados a organismos del Estado.
Asimismo, el documento enfatiza que las redes sociales institucionales no pueden utilizarse para promover la imagen personal de autoridades, ya que estas plataformas están destinadas exclusivamente a difundir información relacionada con las funciones del servicio público correspondiente.
El decálogo también establece límites claros respecto al uso político de los canales digitales del Estado. En ese sentido, se prohíbe expresamente realizar proselitismo utilizando recursos públicos, dependencias institucionales o plataformas oficiales.
De acuerdo con el documento, las cuentas institucionales deben emplearse únicamente para difundir información vinculada al cumplimiento de las funciones de cada organismo, quedando fuera de ese marco cualquier contenido de carácter personal o partidista.
Otro punto relevante indica que ninguna autoridad puede difundir información oficial primero a través de cuentas personales, ya que los canales institucionales deben ser siempre la vía prioritaria para comunicar decisiones o anuncios públicos.
El instructivo también advierte sobre el riesgo de personalizar las comunicaciones oficiales, especialmente en contextos electorales. Por ello, se establece que no se debe incorporar de manera reiterada la imagen de una autoridad en publicaciones institucionales, con el fin de evitar que actividades del Estado terminen favoreciendo la proyección personal de determinados cargos.
En la misma línea, el documento señala que los sitios web y redes sociales oficiales no deben incluir enlaces que redirijan a cuentas personales de autoridades, evitando así que los canales institucionales funcionen como plataforma de promoción individual.
El decálogo también regula la administración de comentarios en redes sociales. Si bien permite utilizar herramientas como la restricción de comentarios, el texto subraya que estas no pueden aplicarse de manera discriminatoria ni vulnerar los principios de igualdad ante la ley.
Finalmente, el documento recuerda que las autoridades no pueden realizar actividades políticas durante su jornada laboral, incluso si se trata de publicaciones en sus cuentas personales. Estas manifestaciones, señala el texto, solo pueden realizarse fuera del horario de trabajo y utilizando recursos propios.
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