Con la presencia de autoridades de Gobierno y representantes municipales, este viernes fue promulgada la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que establece un nuevo marco normativo para fortalecer el rol de los gobiernos locales en la prevención del delito y el resguardo de las comunidades.
La ceremonia fue encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a subsecretarios de la cartera y alcaldes, entre ellos la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Karina Delfino. La normativa busca modernizar la institucionalidad municipal en seguridad, dotándola de mayores capacidades, estándares claros y una coordinación más efectiva con las policías.
Un marco moderno para la prevención desde el territorio
La nueva ley reconoce de manera explícita el rol preventivo que cumplen los municipios en materia de seguridad, estableciendo atribuciones reguladas para labores de fiscalización, apoyo operativo y prevención situacional, siempre manteniendo el carácter no policial de estas funciones.
En ese contexto, se definen estándares homogéneos de formación, control interno y protección para los equipos municipales, junto con la profesionalización de los inspectores, quienes contarán con mayores garantías para el ejercicio de su labor.
Entre las facultades contempladas se incluyen tareas preventivas que podrán ejecutarse de forma autónoma, como patrullajes, televigilancia y detención en caso de flagrancia, además de funciones colaborativas con Carabineros, tales como patrullajes mixtos, controles de tránsito y apoyo en el cumplimiento de medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar.
Coordinación operativa y uso regulado de tecnología
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de los Comités de Coordinación Operativa, instancias que serán lideradas por alcaldes o alcaldesas e integradas por Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Su objetivo es mejorar la articulación territorial, estandarizar el intercambio de información y facilitar respuestas oportunas frente a problemáticas locales de seguridad.
Asimismo, la normativa regula el uso de herramientas tecnológicas como cámaras, drones y sistemas de televigilancia, estableciendo criterios de proporcionalidad, transparencia y protección de datos personales, con el fin de compatibilizar la eficacia operativa con los derechos de las personas.
Protección a inspectores y nuevas formas de contratación
La ley incorpora un agravante penal frente a agresiones contra inspectores municipales, equiparando su resguardo al de otros funcionarios vinculados a la seguridad pública. Además, obliga a las municipalidades a dotarlos de elementos defensivos certificados y a garantizar procesos de capacitación permanente.
Junto a ello, se habilitan nuevas modalidades de contratación, incluyendo la posibilidad de emplear personal bajo el Código del Trabajo y mediante asociaciones municipales de seguridad, permitiendo conformar equipos más estables y especializados según las realidades territoriales.
Recursos para la implementación
Desde el Ejecutivo se informó que la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones para la adquisición de elementos de protección para inspectores municipales, priorizando comunas con mayores índices de vulnerabilidad socio-delictual. A estos recursos se sumarán $208 millones orientados al desarrollo de plataformas tecnológicas y a la interconexión de registros.
La normativa comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, período durante el cual los municipios deberán adecuar sus procesos internos, capacitar a sus equipos y avanzar en la consolidación de esta nueva institucionalidad.
Durante la promulgación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, subrayó que la seguridad municipal no puede entenderse únicamente desde la persecución penal. "Hablar de seguridad municipal no es solo hablar de control policial. El rol preventivo de los municipios es esencial y requiere tiempo, recursos y perseverancia", señaló.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró que la ley entregue un marco integral para ordenar y potenciar una labor que los municipios ya venían desarrollando, pero sin una base normativa clara. Además, destacó el rol de los alcaldes durante la tramitación legislativa, relevando su persistencia para sacar adelante una iniciativa largamente demandada desde los territorios.
