Regístrate en nuestro newsletter
La revisión incluye posibles conflictos de interés de altos funcionarios que participaron en la adjudicación y administración de convenios con universidades donde previamente se habían desempeñado laboralmente.
El documento de 138 páginas, emitido el 30 de enero de 2026 bajo el número 439 del año 2025, entrega una serie de observaciones a transferencias efectuadas por parte del GORE a universidades privadas y estatales, institutos profesionales y centros de formación técnica. Se identificaron cerca de $400 millones observados a casas de estudios y otros $2.900 millones en gastos aprobados en distintos convenios que tampoco han sido justificados.
El informe revela que pudieron existir conflictos de intereses entre el GORE y las casas de estudios superiores, toda vez que la jefa de la División de Presupuestos de ese entonces, Sandra Ibáñez, firmó autorizaciones pese a que debió abstenerse al poseer vínculos laborales con la Universidad de Concepción (UdeC) y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
Lo mismo ocurrió con el entonces gobernador (s) Rodrigo Martínez, quien pese a su relación laboral con la UdeC firmó convenios de transferencia con la casa de estudios superiores.
Se suman los funcionarios Iván Valenzuela y Gloria Callupe, quienes designaron contrapartes técnicas en programas de sus respectivas áreas con la UCSC y Universidad del Biobío (UBB), donde prestaban servicios respectivamente.
Igualmente se menciona a la entonces jefa del Departamento de Finanzas del GORE, Mónica Muñoz, quien el 8 de julio de 2022 firmó el comprobante de liquidación de fondos por $380 millones a un programa suscrito con la Universidad Santo Tomás (UST) donde en 2021 prestaba servicios a honorarios.
La consejera regional por la provincia de Biobío, María Elena Núñez (PRCh), valoró el informe y señaló que, a su juicio, lo más preocupante no es solo el desorden administrativo, sino el posible conflicto de intereses en la adjudicación y gestión de convenios.
Para Núñez, aunque la situación debe ser analizada conforme a la normativa vigente, es una señal clara de que los resguardos de probidad no funcionaron como debían.
La representante considera que, en este escenario, el rol de la Unidad de Control del GORE es fundamental. "Su tarea es prevenir, alertar y corregir oportunamente este tipo de situaciones, y cuando eso no ocurre, el sistema completo queda debilitado", aseveró.
Por lo mismo, aseguró que es necesario fortalecer su rol y exigir que sus observaciones tengan un impacto real en la toma de decisiones.
Núñez informó que, como Consejo Regional (CORE), solicitarán una sesión de fiscalización para revisar en detalle el estado de las restituciones de los recursos públicos observados por Contraloría y conocer qué acciones concretas se están adoptando.
La representante enfatizó que el foco es claro: los recursos cuestionados deben volver a las arcas del GORE y se deben establecer garantías de no repetición.
Para el consejero regional, Ignacio Fica (RN), lo detectado es gravísimo, ya que demuestra que funcionarios intervinieron en materias decisivas para la firma de estos convenios. El asunto, a su parecer, demuestra la escasa transparencia y la discrecionalidad de los fondos, que siempre fueron pensados en mejorar las condiciones de la región.
"Hoy día lo único que hacen es generar una mancha importante en el funcionamiento del GORE, y la responsabilidad que nos recae es poder seguir en todas las instancias legales necesarias para perseguir a los responsables y que puedan pagar por este delito. Lo que ocurrió no se puede volver a repetir ni en el GORE ni en ninguna institución de nuestro país", manifestó.
Fica resaltó que son cerca de $400 millones los que están observados a casas de estudios, pero hay otros $2.900 millones en gastos aprobados, a través de distintos convenios, que tampoco han sido justificados.
El consejero regional Juan Carlos Medina (PR) calificó el informe como grave y preocupante, dado que revela, a su juicio, posibles conflictos de interés reiterados en la gestión del exgobernador Rodrigo Díaz.
Respecto de la investigación, el representante consideró que va en la línea correcta, dado que la probidad no es negociable y el estándar debe ser el mismo para todos, independiente de la institución ejecutora o del cargo que se ostente.
Medina enfatizó que las universidades cumplen un rol fundamental en el desarrollo regional, pero ese vínculo debe darse con reglas claras, transparencia absoluta y sin conflictos de interés.
"El GORE Biobío no puede permitirse que recursos destinados a áreas sensibles —como seguridad hídrica, teleasistencia a personas mayores o programas sociales— queden bajo sospecha por malas prácticas administrativas", indicó.
Cabe destacar que la Contraloría Regional del Biobío solicitó al GORE detener el proceso disciplinario interno que llevaba adelante por falta de antecedentes, para desarrollar un sumario administrativo propio. También solicitó mejorar los mecanismos de control y acreditar en 60 días el reintegro de los montos cuestionados o, en su defecto, adoptar las acciones legales correspondientes.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
