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La Tribuna

Oposición presenta Acusación Constitucional contra Diego Pardow por errores en las cuentas de la luz

por Stephanie Ramírez M.

Pardow explicó que el error se originó en una fórmula de reajuste aplicada desde 2017. / Agencia UNO

La oposición concretó este lunes la presentación de una Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, responsabilizándolo por los errores en las tarifas eléctricas que afectaron el bolsillo de los chilenos durante los últimos meses.

El documento fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, horas antes de la sesión de Sala, y cuenta con la firma de la diputada Pamela Jiles, lo que asegura el respaldo del Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios y el Partido Social Cristiano. Con ese apoyo, el libelo tendría un piso de cerca de 75 votos, quedando a solo dos de los necesarios para aprobar su admisibilidad.

Durante la tarde, el hemiciclo realizará la llamada "tómbola", mecanismo mediante el cual se elegirá a los cinco diputados que conformarán la comisión revisora encargada de estudiar los antecedentes del caso.

En el texto, los parlamentarios acusan a Pardow de haber vulnerado el artículo 8° de la Constitución, que establece el deber de todo funcionario público de actuar con probidad y transparencia. Según la acusación, el exministro habría ocultado información clave al firmar el decreto tarifario que derivó en los cobros incorrectos a los consumidores.

"Tiene un ejército de abogados y nadie revisó el documento. Ese error inexcusable golpeó el bolsillo de los chilenos", sostuvo el diputado Henry Leal (UDI), quien además acusó que Pardow "ocultó información relevante" sobre las tarifas en las que participó Transelec.

Leal adelantó que la UDI recurrirá a la Contraloría para determinar si el Gobierno puede financiar la defensa del exministro, considerando que ya no ocupa ningún cargo público.

Una vez notificado, Pardow tendrá 10 días para responder a los cargos, y luego la comisión dispondrá de seis días adicionales para emitir su informe, el cual deberá ser votado en la Cámara. Si el libelo supera esa etapa, pasará al Senado, que actuará como jurado político para decidir su eventual destitución e inhabilitación.

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