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La seguridad es un tema transversal en los programas de gobierno que ofrecen todos los postulantes a La Moneda. El equipo de VeriDatos analizó y clasificó las propuestas en esta materia de Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, según su posibilidad de realización.
Para ello trabajó con dos expertos en la evaluación de su factibilidad: Ulda Figueroa, coordinador de Estudios Justicia del Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica, y Felipe Harboe, miembro del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián.
"Reforzaremos la tipificación y los alcances del delito de pertenencia a una organización criminal (...) considerando asimismo un aumento sustancial de penas con el objetivo de lograr un piso mínimo de cárcel efectiva para miembros del crimen organizado (...). Seguiremos la ruta del dinero (...) fortaleceremos instituciones como la Unidad de Análisis Financiero".
Según explicó Felipe Harboe, estas son medidas que ya existen, a excepción del fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Respecto de las condenas, señaló: "El problema no está en las penas, que son ya muy altas. El problema está en la identificación, en la inteligencia para identificar. Yo creo que todo el resto ya está".
Ulda Figueroa confirmó lo anterior e indicó que es algo que ya realiza la UAF. "(Lo hace) con capacidades limitadas, con ciertas restricciones normativas que varios de los candidatos están proponiendo alzar y mejorar esos mecanismos, y eso es bastante viable".
Veredicto: Las primeras medidas ya existen y el fortalecimiento de la UAF es de alta factibilidad.
"Protegiéndolas a través de un 'estatuto de víctimas', que les entregará el derecho a que sus denuncias sean efectivamente investigadas y se resguarde a las personas frente a la revictimización (...). Desarrollaremos un Plan de Protección y Reparación para Víctimas del Terrorismo que nos permita resarcirlas a ellas y sus familias por la falta de servicio del Estado, asegurar su vida, integridad física y psicológica, indemnizarlas por el daño que han sufrido".
Sobre esta propuesta, según expuso Harboe, la primera parte es contraria al sistema procesal penal. Explicó: "(El sistema) no contempla la participación activa de las víctimas en el proceso. De hecho, Chile es una excepción. Hay otros países en los cuales ni siquiera pueden presentar querella. En Chile sí se puede, pero no tiene ningún valor en estricto rigor, porque los que mandan son los fiscales, y el fiscal no es el abogado de la víctima, sino que el abogado de la sociedad".
Sobre la investigación efectiva de las denuncias, según Harboe es muy poco viable que ocurra: "No va a pasar en el Parlamento porque el Ministerio Público va a decir que eso es un vicio de constitucionalidad, porque la Constitución es la que establece que el representante del Estado en materia delictual es la Fiscalía".
Con respecto a la indemnización con el objetivo de reparación, Harboe cuestionó cómo será valorizada la pérdida de quienes hayan sido víctimas de delito: "¿Va a ser un avalúo comercial? ¿Un avalúo fiscal? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a determinar eso? Porque son recursos públicos comprometidos. ¿Lo va a determinar la Contraloría, la Tesorería Pública, el Ministerio de Interior o el Ministerio de Seguridad?".
Figueroa, por otro lado, valoró la medida y destacó que "es de las pocas propuestas en materia de víctimas que uno ha leído". Asimismo, sobre que las denuncias sean efectivamente investigadas indicó: "Existe esta idea de cómo dar representación jurídica, de apoyar a las personas para que estén representadas en el proceso penal, y eso en general es muy caro y poco efectivo. Más beneficioso es invertir ese dinero en generar buenas medidas de protección o en reparación psicológica".
Figueroa también cuestionó la medida sobre la indemnización de las víctimas y explicó que anualmente, según datos del Ministerio Público, 1 millón 200 mil o 1 millón 300 mil personas ingresan en calidad de víctimas del Ministerio Público. "Entonces pensar en una reparación a 1 millón 200 mil personas no es factible. Uno podría hacer una bajada y decir, 'bueno, las personas que son víctimas de delitos más graves, quizás homicidios, robos muy violentos, delitos sexuales' y ya son del orden de 50.000 personas. Sigue siendo un número en términos presupuestarios bastante alto e inabordable", explicó.
Veredicto: Factibilidad baja.
"Eliminaremos toda priorización o preferencias existentes en favor de los inmigrantes ilegales".
Ulda Figueroa precisó que la medida es posible de realizar, aunque podría desencadenar un problema mayor: "Si tú niegas los beneficios sociales a los migrantes irregulares, esas personas, al no poder satisfacer sus necesidades a través del Estado, quedan al amparo de las organizaciones criminales que van a buscar satisfacer esas necesidades a cambio de reclutamiento o de participación en actividades ilegales".
Felipe Harboe señaló que esta iniciativa sí podría llevarse a cabo y comentó: "Se podría efectivamente, por la condición irregular, y, por tanto, si no está regularizado, no tendría por qué tener alguna prioridad desde el punto de vista de las políticas sociales".
Veredicto: Factibilidad alta.
"Ampliando sus dotaciones, capacidades analíticas y los delitos que persiguen. Actualmente los ECOH se encuentran en 10 regiones y llegaremos a las 16 regiones durante nuestro gobierno".
Según señaló Felipe Harboe a VeriDatos, esta medida se aprobó y ya está vigente. Agregó: "La Fiscalía Supraterritorial es la que va a tomar todo el crimen organizado. Es decir, los ECOH no van a ver el crimen organizado, sino que los homicidios". Por otro lado, según Harboe, la iniciativa "no tiene justificación basada en evidencia" y considera que deben ampliarse solo aquellas regiones que concentran niveles de homicidio altos, ya que expandirlas requiere sacar a fiscales de otras investigaciones.
Ulda Figueroa coincidió con esto, pues considera que la propuesta es factible, aunque precisó: "Evidentemente, en todas las regiones del país hay homicidios y secuestros, pero no en todas las regiones del país hay problemas severos de homicidios o secuestros en potencia, organizados, que justifiquen tener una fuerza especializada".
Veredicto: Factibilidad alta.
"Distribuidas en las regiones que más lo requieran".
Figueroa indicó que esta iniciativa podría ser más viable, aunque la considera más ambigua: "La proyección de 10.000 nuevas plazas puede ser en una combinación perfectamente de nuevos recintos y de ampliación de capacidad de los recintos que ya existan". Según explicó el académico, en un gobierno pueden generarse las condiciones para que en ocho años se llegue a esa capacidad, aunque cuestionó si se trata de nuevas cárceles que se construyen o de una combinación de ambas estrategias.
Harboe, por su parte, señaló que esta medida "está muy bien y es comprensible porque estos son típicos proyectos de Estado", y puso como ejemplo la inversión en cárceles realizada por el exmandatario Ricardo Lagos, que pudo verse reflejada en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Con respecto a si puede ejecutarse durante un gobierno, Harboe afirmó: "Podrá licitar, adjudicar e incluso iniciar la construcción de cinco cárceles, pero implementarlas en cuatro años no es posible. Salvo que uno diga, 'mire, voy a hacer cárceles modulares, una cosa chiquitita', pero no es el caso. 10.000 plazas es mucho".
Veredicto: Factibilidad alta.
"Impulsaremos cambios legislativos para modernizar el sistema de incentivos y extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile (...). Generaremos incentivos para permitir que el Personal de Nombramiento Institucional (PNI) pueda permanecer en la institución más allá de los años planificados para su retiro, extendiendo así la carrera policial".
Felipe Harboe precisó que esta medida ya se está implementando. "Lo hicimos con el gobierno del presidente Lagos y con Bachelet 1. Por cada año que un oficial o un suboficial se queda en la institución después de los 30 años, se le da un incentivo económico, que es un sueldo adicional por año. Si usted trabaja 30 años, se lleva 30 sueldos. En este caso, si usted se queda 35 años, usted se va a llevar dos sueldos por año adicional que se quede", explicó.
Según Harboe, además, "es una medida muy cara, sobre todo considerando que este gobierno tomó la decisión de aumentar los años de formación del personal de la institución de uno a dos años. Es posible que el próximo año tengamos menos carabineros".
Con respecto a extender la carrera de nuevos funcionarios, según señaló, puede realizarse, aunque generaría un desincentivo.
Ulda Figueroa señaló sobre esta propuesta: "Obligarlos a extender la carrera es algo que si bien legalmente podría llegar a ser posible desde el punto de vista de la relación interna con las policías, desde el punto de vista de las relaciones laborales es muy complejo, debido a que la jubilación en Carabineros tiene ciertas condiciones, ciertos beneficios, entonces modificar esas condiciones en el camino obviamente puede generar ciertas tensiones".
Sobre los cambios legislativos para extender la carrera a los futuros postulantes, según Figueroa, es una medida que tendrá buenos resultados, aunque no en el corto plazo.
Veredicto: Factibilidad media.
Felipe Harboe señaló que es posible realizarlo, "pero va a entrar en contradicción porque va a tener, por un lado, abogados que van a defender a un funcionario público financiado por el Estado. Por otro lado, usted va a tener el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, que va a estar defendiendo también a estas personas u otros, y va a tener al Ministerio Público que va a ser querellante. Entonces vamos a estar financiando desde el Estado al que persigue, al que se querella y al que lo defiende". Pese a esto, según el exparlamentario, es adecuado que los funcionarios no deban pagar un abogado desde su bolsillo.
Figueroa, quien coincide con lo anterior, asegura que la medida es posible de realizar. "Hay dos formas de hacer eso a mi juicio: una es generando dentro de la Defensoría Penal Pública alguna unidad de defensa penal especializada para este tipo de casos, o como en la recientemente creada Defensoría de las Víctimas, que va a tener un componente de representación legal, crear alguna unidad de equipo que se haga cargo".
Veredicto: factibilidad alta.
"Liberando el equivalente a una cárcel completa".
Sobre las 32.000 nuevas plazas, según comentó Ulda Omar Figueroa, la medida es poco realizable, ya que se está pensando en duplicar la capacidad en un 50% y, en sus palabras, "podría aspirar a aumentar nuevas plazas pero en un 5% o 10%".
Para el académico, la expulsión de 3.000 migrantes es ambiciosa: "Desde hace ya más de 10 años que la ley de pena sustitutiva contempla como medida la expulsión de extranjeros para ciertos delitos con ciertos requisitos administrativos que uno podrá cambiar o mejorar en términos legales, pero incluso perfeccionando esa norma, históricamente ha habido dificultades para el trámite de la expulsión de extranjeros". Explicó que esta medida supone coordinación diplomática con agencias de otros países y movilizar un conjunto de recursos.
Con respecto a la expulsión de extranjeros, según Harboe, esto no pasa solamente por la decisión de las autoridades del país que recibe a la persona migrante. Explicó: "Tengo que expulsarlo a algún lugar, obviamente su país de origen, y si el país de origen no lo acepta, ¿qué hago? Entonces, la expulsión es como el tango: se requieren dos para bailar, y el problema que ha tenido Chile es que Venezuela no acepta a los expulsados de Chile".
Por otro lado, respecto de las 32.000 nuevas plazas en recintos existentes, Harboe sostiene: "Yo no sé dónde existe esa cantidad de plazas. Pensemos que tenemos cerca de 110.000 personas que están sometidas a un control de Gendarmería, de las cuales cerca de 55.000 son internos, es decir, están presos. De ese total, pensemos que las cárceles tienen capacidad de 42.000: ya tenemos superávit de presos y eso es un problema, entonces no sé de dónde va a sacar 32.000 nuevas plazas".
Veredicto: factibilidad baja.
Según Harboe, ejecutar esta medida es complejo en términos de dotación y financiamiento, pues significa sacar carabineros de gestiones operativas de unidades policiales en función de la demanda. "Imaginemos por un minuto que la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, es considerada uno de los barrios. Bueno, a la comisaría de Pintana le van a sacar carabineros, y quedará con una dotación mínima de 10 o 20 en caso de que asalten a alguien. En otra parte de la comuna va a haber 20 funcionarios menos", precisó.
Agregó que esto implica, además, un gasto por la cantidad de turnos: "Cuando dice permanente, pensemos que son tres turnos. Si usted quiere tener 40 carabineros simultáneos, debe tener 120".
De acuerdo con Ulda Omar Figueroa, se trata de una medida que ya se realiza y que se puede proponer que sea más intensiva. "La medida está fraseada bajo el supuesto de que hoy en día no existiera presencia policial en los 40 barrios más peligrosos tomados por el narco. Parte de lo que articula el Plan Calle Sin Violencia es justamente la coordinación de rondas policiales", detalló el académico.
Veredicto: la medida ya existe.
"Asimismo, actuaremos sobre el delito desde sus manifestaciones más pequeñas, donde todo delito conllevará prisión y pérdida total o temporal de prestaciones sociales".
Ulda Omar Figueroa explicó que la teoría de la ventana rota se refiere a un término que proviene de la criminología y nace en Estados Unidos en los años 80. "Propone que la degradación social de los barrios genera condiciones para que prolifere el delito y que, por lo tanto, interviniendo esas condiciones, teniendo las casas bonitas, eliminando los rayados, eso genera condiciones para evitar los delitos".
Según el académico, esto tiene dos estrategias: la persecución penal masiva de personas que realizaban rayados y que rompían las ventanas, y realizar intervenciones urbanas para reparar o refaccionar los barrios. Aseguró que la primera medida tiene muy baja eficacia, debido a que "la tasa de reemplazo de ese tipo de conducta es muy alta, es decir, si se encarcela a quien comete el delito puede llegar alguien más que haga lo mismo".
A su parecer: "Hablemos solo de los delitos que se condenan. Si tú tomas todos los delitos que se condenan y a todos les aplicas una pena de cárcel hoy en día, inmediatamente tú duplicas la población penal. Son 60.000 personas adicionales que tú deberías meter a prisión".
Felipe Harboe, por su parte, coincidió con lo anterior y consideró que una medida como esta aumentaría la población penal: "Genera impacto, sí, pero puede existir cierta desproporción, porque Chile también tiene condiciones sociales distintas de otros países donde se aplica".
Veredicto: factibilidad baja.
"Separados por peligrosidad, para que los centros de detención no sigan siendo centros de formación y perfeccionamiento de delincuentes".
Sobre esta propuesta, según afirmó Felipe Harboe: "No dice cantidad, ni cuánto se va a gastar, ni dónde los van a ubicar". El experto da como ejemplo lo sucedido con la cárcel en Chillán, que a pesar de tener asignado un presupuesto y estar tramitada desde hace ya cuatro gobiernos, no logra implementarse "porque los alcaldes se oponen a la instalación, y ni un gobierno ha tenido la fuerza suficiente".
Por su parte, Ulda Omar Figueroa explicó a VeriDatos que "hoy día tú tienes una tasa de hacinamiento carcelario de aproximadamente un 50%. Entonces, si la propuesta es construir un establecimiento para que todos queden perfectamente separados, eso no es viable. ¿Se pueden construir 30.000 plazas en cuatro años? No".
Veredicto: factibilidad baja.
Sobre la propuesta del candidato, Felipe Harboe detalló que "el servicio militar obligatorio solo se puede reactivar por ley, y no creo tenga mayoría en el Parlamento".
Por otro lado, Ulda Omar Figueroa, considera que la medida es viable, pero explicó la problemática de establecer una normativa radica, en sus palabras, en "que tú le entregas capacidad y formación en términos de uso de armas, de estrategia, que es militar, y de una serie de cuestiones a personas que no necesariamente después van a seguir una carrera militar. En general, las personas que hacen el servicio militar obligatorio son personas en cierta situación de vulnerabilidad social, que en muchos países, según la experiencia comparada, se ha visto que después son reclutadas por organizaciones criminales".
Veredicto: factibilidad media.
Para este trabajo fueron considerados los programas de gobierno, entrevistas y puntos de prensa de los candidatos. Toda la recopilación fue posterior a la entrega de sus programas, donde estipularon sus iniciativas relativas a seguridad. La revisión consideró la información difundida desde la publicación de los programas presidenciales en el sitio web oficial de Servicio Electoral hasta el viernes 10 de octubre.
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