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El informe técnico preliminar, publicado esta semana, reveló que el Índice de Precios al Consumidor (INE) fue aplicado dos veces en la fórmula de reajuste, lo que derivó en un sobrecobro que ahora será corregido con una rebaja estimada del 3,3% a partir de enero de 2026 en la región del Biobío.
No obstante, para Javier Piedra Fierro, académico y fundador de Energía Para Todos, lo ocurrido no puede explicarse solo como una corrección técnica.
"El Ministerio de Energía lleva más de un año hablándonos de alzas, y resulta que la primera baja en la tarifa se da por un error. Esto no es un cambio metodológico, sino que un fallo que debió ser identificado cuando se calculó la deuda con las generadoras", señaló.
El experto explicó que la duplicación del IPC se produjo durante el cálculo de la deuda con las empresas generadoras de electricidad —estimada en US$6.600 millones de dólares—, y afectó especialmente el periodo entre julio de 2022 y septiembre de 2024, cuando se aplicaron decretos tarifarios atrasados.
"Parte de esa deuda se actualizó dos veces por inflación, lo que generó una deuda mayor de la que realmente era", detalló.
De acuerdo con Piedra, este error representa unos US$120 millones —aproximadamente $115.000 millones— equivalentes al 4% del total adeudado por el Estado. "Si bien no es tan significativo en el monto global, es grave desde el punto de vista institucional", agregó.
El error detectado implica que, una vez corregido el cálculo, las tarifas de generación —que representan cerca del 70% de la cuenta final de electricidad— disminuirán de forma diferenciada según la zona.
En el caso de la región del Biobío, se estima que este monto podría acercarse al 3,3% de rebaja, aplicable desde el 1 de enero de 2026.
Respecto de la deuda que mantenía el Estado con las generadoras de electricidad, el Gobierno ya efectuó los pagos correspondientes mediante un crédito gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los consumidores continúan cubriendo ese monto mediante un cargo adicional de cerca del 10% en sus cuentas.
El error generó una ola de críticas en el Congreso. Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron una acusación constitucional contra el ministro Diego Pardow, a quien acusan de "negligencias graves" y de firmar decretos que derivaron en aumentos de hasta un 9% en las tarifas eléctricas, mientras que otros solicitan directamente la renuncia del secretario de Estado.
Desde la bancada Demócratas, la diputada Joanna Pérez respaldó las críticas y exigió la salida del ministro: "Cuando quisimos levantar una interpelación nos faltaron votos, pero hoy es el momento. Este error le ha costado caro a las personas vulnerables, a adultos mayores y a comunas que no han tenido respuesta del Gobierno. Si el ministro no renuncia, aprobaremos cualquier instrumento de fiscalización, incluso una acusación constitucional", advirtió.
Por su parte, la diputada Karen Medina (ind-DC) también lanzó duras críticas contra la administración ministerial: "Es inaceptable que se cometan errores tan graves que impacten directamente en las cuentas de luz de todos los chilenos. Este tipo de negligencias genera un ambiente de desconfianza hacia las empresas y las entidades encargadas de fiscalizar", criticó.
En paralelo, solicitó "que se apliquen sanciones tanto administrativas como políticas a los responsables, ya que no podemos permitir que las empresas jueguen con el dinero de los consumidores de esta manera".
El senador Gastón Saavedra (PS) llamó a no precipitar juicios políticos antes de que se analice en profundidad el cambio anunciado por la CNE.
Saavedra sostuvo que el foco debe estar en garantizar que el ajuste tarifario se traduzca efectivamente en alivio para los hogares y no en una nueva controversia técnica o judicial.
Mediante un comunicado, la CNE aclaró que lo ocurrido "corresponde a una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente".
El organismo recalcó que la detección de la anomalía "responde al proceso permanente de revisión y mejora de los modelos de cálculo" y que "la modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación, garantizando que las tarifas sean justas y representativas".
La CNE confirmó que la devolución de los montos cobrados en exceso se aplicará "debidamente reajustada" a contar del primer semestre de 2026, una vez finalicen las etapas administrativas del proceso.
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