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La propuesta reemplaza la figura de "carreras no autorizadas" por una tipificación más amplia y precisa de conducción temeraria, lo que permitirá sancionar distintas conductas de riesgo al volante.
El objetivo central de la iniciativa es proteger la vida y la integridad física de las personas, incorporando un marco legal que aborde la conducción peligrosa tanto de forma individual como colectiva, sin que exista la necesidad de coordinación previa entre quienes participen en estas acciones.
El proyecto plantea endurecer las sanciones e incluir agravantes específicas en los casos de conducción temeraria, lo que amplía las herramientas legales para enfrentar este tipo de conductas. También se considera la extensión de la aplicación de la pena de comiso del vehículo, es decir, la posibilidad de que el automóvil utilizado quede bajo custodia del Estado como parte de la sanción.
Otra novedad es que la conducción temeraria se considerará una infracción de tránsito y no un delito, lo que habilitará a que las sanciones puedan incluso aplicarse bajo la modalidad de empadronamiento. La única excepción será cuando estas conductas deriven en accidentes con personas lesionadas o fallecidas, situación en la que sí se mantendrá la categoría de delito.
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