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La propuesta, impulsada por el diputado Cristián Araya, obtuvo 112 votos favorables y 14 abstenciones. El documento recuerda que la crisis nicaragüense se agravó en abril de 2018, cuando la ciudadanía salió a las calles para rechazar una reforma al seguro social. Las manifestaciones, de carácter pacífico, fueron reprimidas con violencia por el régimen encabezado por Daniel Ortega, lo que derivó en una prolongada crisis política y social.
El texto aprobado sostiene que los hechos de 2018 marcaron el inicio de una "etapa de represión sostenida" que ha sido denunciada por organismos internacionales, con especial énfasis en el informe elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
El documento parlamentario cita el reporte del Grupo de Expertos de la ONU, que identifica a 54 altos funcionarios del gobierno nicaragüense como responsables de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves a los derechos humanos. Entre las denuncias se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y privación arbitraria de la nacionalidad.
Además, se documentan restricciones severas a libertades fundamentales como la de expresión, prensa, asociación y religión. Estas prácticas, según el informe, han generado un contexto de persecución política que ha forzado a miles de ciudadanos a exiliarse o vivir en la clandestinidad.
La resolución aprobada por la Cámara también plantea que el Gobierno de Chile promueva, junto a otros países latinoamericanos, una respuesta coordinada frente a la crisis de apatridia de facto provocada por el régimen nicaragüense. Se sugiere impulsar mecanismos de protección y regularización que permitan otorgar estatus legal y resguardo a quienes han sido privados de su nacionalidad o se encuentran en condición migratoria irregular por razones políticas.
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