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El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario.
Fue la semana pasada cuando la Fiscalía de La Araucanía dio cuenta de nuevos antecedentes de un proceso investigativo que lideraba.
El Ministerio Público ya había identificado al menos a diez empresas que obtuvieron la producción de manera ilícita.
El diputado de la provincia de Malleco, Jorge Rathgeb, afirmó que este era un secreto a voces que ocurrió principalmente durante la pandemia por COVID-19. Recordemos que los robos de madera afectaron los intereses de la empresa Forestal Mininco en sus fundos ubicados en las comunas de Collipulli y Galvarino.
Además de los formalizados, Rathgeb mencionó que "incluso habría gente muy conocida a nivel nacional y que es domiciliada en nuestra región (de La Araucanía)".
El legislador sostuvo que "todavía ni siquiera están dentro de los siete, sino que son gente que tenía sus pequeños aserraderos, que se dedicaron a hacer otra cosa, porque no podían desarrollar su actividad producto de la pandemia y se dedicaban a este tipo de acciones de dudosa legalidad".
Puntualizó que "hay muchos todavía que no han caído respecto a este tema, y creo que hay que seguir investigando, porque es la única manera de seguirle la pista a esta actividad ilícita que es el robo fácil de madera o de trozos en grandes extensiones y que resulta bastante lucrativo, porque aquí se enriquece gente que vende la madera a precio bajo y otros que la compran a bajo precio y después la revenden a aserraderos o a lugares donde finalmente la procesan".
Su colega, la diputada Gloria Naveillán, también contactada por La Tribuna, coincidió en que esta investigación empezó "hace harto rato, porque todos sabemos que el robo de madera financia el terrorismo que hay en todas nuestras regiones, tanto en la región del Biobío como en La Araucanía y, por desgracia, sigue un poco más para el sur".
La parlamentaria manifestó que "sabemos que (el terrorismo) está financiado a través de este, entre comillas, negocio del robo de madera. En los campos que han sido tomados, como es el caso de Sonia Bachmann, por ejemplo, en Galvarino, efectivamente esta gente se toma los campos con una violencia tremenda, donde no se puede entrar, extorsionan de alguna manera a los dueños, los obligan a firmar, entre comillas, contratos, pero al final del día no es una negociación, es una imposición, de esa manera tratan de blanquear".
Gloria Naveillán expresó que "toda esta red incluye desde los que se toman los campos, los que trabajan aserrando la madera para cortarla, para llevársela, los camiones que participan del transporte y, por supuesto, los aserraderos que compran la madera".
En este sentido, precisó que "me parece muy bien que hayan caído estos dueños de aserraderos y estoy segura de que hay muchos más, no me cabe ninguna duda, porque la cantidad de madera que se ha robado a lo largo de los años en la zona de La Araucanía, por lo menos, es brutal".
Reafirmó su convicción, dando cuenta de que "yo estoy segura de que esta red de aserraderos que compran madera robada es mucho más amplia que estos que se mencionan acá, y sobre todo madera que se le roba a particulares, porque las empresas de alguna manera pueden defenderse a través de sus abogados".
Finalmente, dijo que "ellos muchas veces incluso negocian con esta gente que se toma los campos para que los dejen trabajar e incluso les dan pega muchas veces, pero en el caso de los particulares dueños de bosque, ellos sí son afectados en su patrimonio, ellos no tienen cómo defenderse".
El proceso investigativo comenzó el año 2021, luego que se conociera sobre la ocupación violenta de predios forestales en La Araucanía.
Los hechos fueron analizados por la Fiscalía de Alta Complejidad de esa región, cuyo fiscal Enrique Vásquez formalizó por el delito de receptación a los representantes de siete empresas madereras.
Según se informó en la audiencia, se trata de Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (Promasa).
Dichas empresas habrían adquirido la madera robada durante el año 2022, conforme a la investigación apoyada por el O.S.9 de Carabineros.
Aún resta por formalizar a más compañías, cuyos nombres no fueron revelados públicamente.
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