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La Tribuna
Columnista

Paro de camioneros: el costo de nuestra vulnerabilidad

Carlos Cruz

Director ejecutivoConsejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

por Carlos Cruz

Cada cierto tiempo, los transportistas de carga despliegan demostraciones de fuerza en defensa de sus intereses, sin considerar el bien superior del país. Ocurrió bajo los gobiernos de la Concertación y en las administraciones de los presidentes Piñera y Boric, y el libreto se repite: ante el alza de insumos o servicios, paralizan y bloquean la cadena logística justo cuando Chile se apresta a despachar su producción perecible a los mercados mundiales. En episodios recientes, incluso han sumado al transporte interurbano de pasajeros y al oportunista movimiento "No + Tag".

La eficacia de estas movilizaciones descansa en el número de camiones, en su capacidad para bloquear carreteras y accesos portuarios y, sobre todo, en la fragilidad de nuestra red logística. Si más del 95% de la carga de la zona centro-sur se mueve en camión, el país queda expuesto a presiones que ponen en riesgo sus compromisos con los mercados internacionales.

La resiliencia del transporte no se agota en que la infraestructura resista los embates de la naturaleza o se recupere rápido: también exige redundancia mediante la intermodalidad. Necesitamos reforzar la red y los servicios ferroviarios desde La Calera al sur, e impulsar el cabotaje como resguardo para otras producciones y circunstancias.

Nuestra capacidad de negociación ante crisis que afectan las exportaciones sería muy distinta con un ferrocarril capaz de competir en igualdad de condiciones con el camión, un sector históricamente subsidiado que nunca lo ha reconocido. Eso exige fortalecer la vía férrea entre Puerto Montt y Valparaíso, partiendo por conectar los puertos del Biobío con la zona central.

Este desarrollo debe asumir que la convivencia entre trenes de carga y de pasajeros está cada vez más en duda. La carga requiere diseños simples, pero de mayor exigencia estructural; los pasajeros, diseños más complejos para facilitar el acceso, con menores requerimientos estructurales. La prioridad debe ser la carga, para luego avanzar en pasajeros según las densidades que vaya mostrando el desarrollo del país.

Para financiar estas inversiones sin presionar el presupuesto fiscal en el corto plazo, es posible diseñar mecanismos de asociación entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y el sector privado. La Ley de Concesiones lo permite y, si no bastara, habrá que legislar. El financiamiento no puede ser la excusa para no avanzar.

Ojalá estos episodios traumáticos —que nos fuerzan a elegir entre favorecer a algunos transportistas y oportunistas o al conjunto de los chilenos— lleven a las autoridades de infraestructura a diseñar una estrategia de Estado que termine con el chantaje al que somos sometidos una y otra vez. Una política así no rendirá frutos inmediatos, pero solo las autoridades pueden impulsar soluciones estructurales que trasciendan los gobiernos, en beneficio de Chile.

Carlos Cruz

Director ejecutivo

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

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