Los Ángeles: Investigan a empresas madereras que recibieron camiones con madera robada de predios tomados por la CAM

Empresas madereras ubicadas en la comuna de Los Ángeles habrían sido receptoras de diversas cargas de madera robada proveniente de predios tomados en la región de La Araucanía, según dio a conocer el Ministerio Público en una investigación que terminó con la detención de 12 personas que fueron vinculadas a una organización dedicada al robo de madera, y que mantenía vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco, CAM.

Las indagatorias siguen en desarrollo mientras la justicia busca definir responsabilidades individuales de los imputados.

Diario La Tribuna accedió a la carpeta investigativa del Ministerio Público a través de Poder Judicial. En la documentación, se detallan los pormenores de la orden de detención, que terminó con un amplio despliegue de más de 100 funcionarios de carabineros, y la captura de los presuntos implicados.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO: TOMA DE PREDIOS FORESTALES

El 19 de octubre último, pasadas las 19 horas, se decretó la orden de detención verbal, entregada  a los funcionarios de carabineros pertenecientes a Control de Orden Público COP y del Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales. En el documento se ordenada la captura de un total de 14 personas debido que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía, mantiene vigente una investigación por los delitos de usurpación violenta, hurto, receptación, disparos injustificados, tenencia de armas y municiones y asociación ilícita, que se inició a raíz de denuncia efectuada el día 22 de noviembre del año 2021.

Según lo dado a conocer por el ente persecutor, a las 15:00 horas, un grupo aproximado de 12 sujetos, a rostro cubierto y provistos de armas de fuego, ingresaron de forma simultánea sin autorización de sus respectivos propietarios a los siguientes fundos:  Lo Pérez (...), ubicado en la ruta R-702, km 6, de la comuna de Galvarino, de propiedad de Sonia Bachman Cerda;  fundo Los Chilcos (...) ubicado en la Ruta R- 702, de la comuna de Galvarino, de propiedad de Forestal Mininco, y al fundo Epuñan 1 (...) ubicado en la ruta R-702, de la comuna de Galvarino, de propiedad de Forestal Mininco, donde cortaron árboles para impedir el acceso de sus dueños.

En ese punto se agregó que los desconocidos efectuaron disparos con armas de fuego hacia personal de Carabineros que intentó realizar el desalojo, y causando daños de impactos balísticos a los vehículos policiales, blindado sigla J-15 y vehículo TPB-352. Tras lo cual encapuchados armados que se encontraban en los predios, reivindicaron públicamente en redes sociales la usurpación de los predios con el apoyo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Posteriormente, el día 24 de noviembre de 2021, cerca de las 10:15 horas, carabineros con apoyo de funcionarios del Ejercito realizaron patrullajes al interior del fundo Lo Pérez, momento en que los sujetos que se encontraban en su interior, efectuaron disparos en contra de los funcionarios policiales y de Ejército, debiendo estos últimos repeler el ataque, según se menciona en el escrito.

Luego, el 30 de noviembre de 2021, cerca de las 08.00 horas, personal de Carabineros ingresó al mismo predio, donde incautaron dos motosierras y un cartucho percutido, marca Iva Amma, calibre 12 mm, color azul, sin embargo, los imputados ingresaron nuevamente al predio, manteniendo ininterrumpidamente la usurpación hasta el día de hoy.

Uno de los predios en donde extrajeron madera fue tomado y reivindicado por la Coordinadora Arauco Malleco.

EXTRACCIÓN ILEGAL DE PREDIOS FORESTALES

El documentó agregó que, luego de lograr sacar de los predios a los propietarios y personal policial, comenzaron a extraer la madera que se encontraba en su interior, que corresponde a pino insigne, para lo cual se concertaron con Emanuel Antonio Espinoza Contreras, representante de la empresa Emanuel Antonio Espinoza Contreras, junto a su hermano y socio, Miguel Ángel Espinoza Conteras, los que a su vez contactaron a sus conductores de camiones forestales, los imputados Sergio Froilán Chandía Reyes, Marcos Vega Muñoz, y el operador de maquinaria José Eduardo Vivanco Pinto, para que trasladen la madera sustraída ilícitamente hasta distintos aserraderos, donde era vendida.

En el mes de enero de este 2022, es detenido por Carabineros el imputado José Vivanco Pinto, que se encontraba en el predio denominado Lo Pérez, sustrayendo madera tipo pino insigne, sin autorización de su dueña, utilizando un trineumático, mientras un grupo de al menos ocho sujetos efectuaron disparos contra personal de Carabineros y cortes de árboles para impedir su ingreso al predio.

Producto de esta detención, el documento relata que Emanuel Antonio Espinoza Contreras contactó a la dueña del predio, Sonia Bachman, pagándole la suma de 30 millones de pesos por concepto de acuerdo reparatorio respecto de la formalización de Vivanco Pinto, para lo cual entregó un cheque por la suma de 30 millones de pesos (...) emitido por Emanuel Antonio Espinoza Contreras, además el mismo imputado le ofreció el pago de 90 millones de pesos, por la venta del resto de los árboles de pino que quedaban en pie en su predio, y que corresponden a la extensión de 20 hectáreas aproximadamente, a lo que la víctima accedió, ya que a la fecha, los imputados seguían impidiendo su acceso al predio y la extracción de la madera por sus dueños, por lo cual el imputado Emanuel Espinoza Contreras entregó a Sonia Bachman nueve cheques, por la suma de 10 millones de pesos cada uno, previa firma de contrato de compraventa ante notario de Galvarino, fechado 4 de abril de 2022.

El operativo de arresto lo realizó personal de Carabineros de Biobío y La Araucanía.

VENTA DE MADERA ROBADA EN LOS ÁNGELES

El relato continúa agregando que es en esta misma época que Emanuel Antonio Espinoza Contreras, se concierta con el imputado Miguel Alejandro Terán Carrasco, representante legal de la empresa Forestal Bosques Sur SPA, para explotar el bosque de pino que se encontraba al interior del predio Los Chilcos de la empresa Forestal Mininco, valiéndose del contrato de compra venta al que se vio obligada a suscribir la victima Sonia Bachman, para dar una apariencia de legalidad de carácter formal a dicha extracción de madera, aportado Teran Carrasco, los medios para concretar la sustracción de madera sin contar con la autorización de Forestal Mininco, y consistentes en maquinaria forestal y camiones de transporte de la misma.

La investigación además logró descubrir que los imputados Marcos David Cáceres Burdiles, Gabriel Adolfo Nova Sepúlveda, Segundo Eusebio Hidalgo Gallardo, Juan Carlos Sáez Baltierra, Juan Francisco Neira Quijada, ingresaron en diferentes oportunidades a los predios usurpados, conduciendo los camiones de la empresa de Miguel Teran Carrasco, y al igual que el imputado, Joaquín Aurelio Gavilan Gavilan, que desarrollaba labores de conducción de camiones y prestaba servicios a Forestal Bosque Sur, en los cuales transportaban la madera sustraída.

Luego de la extracción ilegal de madera, se entregaban en diferentes aserraderos, que la compraban, tales como Promasa, Laminadora Los Ángeles S.A, Forestal Pezoa, Ecopar, Aserradero Rosario, Aserradero Sara, Río Blanco, Aserradero Los castaños, Maderas Copihue SPA., todos de la región del Biobío, señaló el documento.

El perjuicio, según el Ministerio Público, provocado a Forestal Mininco supera los $406 millones de pesos, por la sustracción de aproximadamente 9.697 metros cúbicos de madera desde 29,53 hectáreas.

FORMALIZACIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA

Tras una extensa audiencia, el Juzgado de Garantía de Lautaro este sábado dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Miguel Alejandro Terán Carrasco, Emanuel Antonio Espinoza Contreras, Miguel Ángel Espinoza Contreras, Arnaldo Ulises Millán Marín, Dany Luis Conejeros Sepúlveda, Luis Iván Baeza Millán, Segundo Eusebio Hidalgo Gallardo, Marcos David Cáceres Burdiles, Joaquín Aurelio Gavilán Gavilán, Gabriel Adolfo Nova Sepúlveda, Sergio Froilán Chandía Reyes y Solange Andrea Vásquez Palavecino, los que fueron imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, usurpación violenta de predios, hurto, receptación, porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados, extorsión y amenazas, esto tras los delitos cometidos desde noviembre del año pasado, en las regiones del Biobío y La Araucanía.

En la audiencia de formalización, la magistrada Marcela Bley Valenzuela decretó el ingreso de los 12 imputados a los centros de cumplimiento penitenciario de Angol, Victoria, Lautaro y Temuco, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

En tanto, Luis Alberto Contreras Córdova, imputado como autor de los delitos de asociación ilícita y conducción de vehículo motorizado con placa patente adulterada, quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y firma mensual ante Carabineros.

Junto con ello, la magistrada Bley Valenzuela acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó para las 9:40 horas del viernes 4 de noviembre próximo, audiencia para discutir el aumento del plazo de la investigación respecto de los co imputados Juan Carlos Sáez Baltierra y Juan Francisco Neira Quijada (ambos detenidos previamente y en prisión preventiva) y de autorización judicial para practicar pericias a los teléfonos celulares y computadores incautados.

El perjuicio, según el Ministerio Público, provocado a Forestal Mininco asciende a la suma de $406 millones 839 mil 400 pesos, por la sustracción de aproximadamente 9.697 metros cúbicos de madera desde 29,53 hectáreas. En tanto, a Bachman Cerda, el monto de lo sustraído fue avaluado en $150 millones.

En total, fueron 12 las personas detenidas, incluidos dos empresarios forestales.

Diario La Tribuna intentó tener un pronunciamiento por parte de las empresas madereras aludidas, las cuales en el caso de las que logramos contactar- declinaron referirse al tema debido que existe una investigación judicial en curso.

Además manifestaron que fueron recepciones puntuales, las cuales fueron acreditadas con la documentación correspondiente, ya sea facturas y guías de despacho.

Esta nota se refiere a un proceso de investigación judicial que se encuentra en curso, por lo que las personas y empresas mencionadas no pueden ser consideradas culpables hasta que la justicia así lo dictamine.