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Durante la jornada del martes recién pasado se concretó la entrega, al Presidente de la República, Gabriel Boric, del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, organismo transversal creado en junio de 2023 que tuvo como mandato proponer las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Por ello, entre julio de 2023 y enero de 2025 se desarrollaron sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales y autoconvocados que contaron con la participación de más de 5 mil personas de 31 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Uno de los objetivos fue impulsar un proceso de diálogo y acuerdos con los distintos sectores involucrados, a fin de arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Dentro de los temas centrales de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento se encuentran aquellos relacionados con la tierra y los territorios; justicia y reconocimiento; reparación integral a las víctimas; y desarrollo territorial e institucionalidad.
Los resultados del informe fueron bien valorados y recibidos, tanto en el ámbito político como privado. Sin embargo, también generó ciertas inquietudes en parlamentarios y en algunos gremios de la zona.
A ello, la parlamentaria agregó que espera que, en el nivel legislativo, se pueda avanzar para ver de qué forma se puede dar cumplimiento a lo informado y, de paso, "ver si hay nuevas leyes que hay que redactar, modificar o actualizar, ya que según se dijo en el discurso, el trabajo ha sido en base a las leyes que tenemos, como la Ley de los Pueblos Originarios y el Convenio de 169 de la OIT".
Por su parte, la diputada Karen Medina enfatizó en que, primero que todo, es necesario tener claridad respecto del escenario en el que se encuentra el país.
De igual forma, a juicio de Medina, el informe plantea propuestas valiosas, como una ley integral de reparación, un fondo de cuatro mil millones de dólares y la creación de una agencia de reparación que podría permitir acelerar los procesos y dar respuestas concretas a ciertas demandas históricas.
Sin embargo, la diputada puntualizó que se tiene presente que "este problema siempre ha estado en la implementación. El financiamiento real, la voluntad política y la capacidad institucional serán claves para no repetir errores del pasado. El Presidente deberá actuar con sabiduría y decisión para definir qué se prioriza, cómo se financia y, sobre todo, cómo se asegura que las comunidades sean protagonistas del proceso".
Finalmente, la parlamentaria destacó que lo positivo del documento es que incluye medidas específicas, entre ellas, modificaciones a los contratos sobre tierras; mecanismos claros de reparación, subsidios y apoyo productivo; e incluso vías para articular una cooperación efectiva con la industria forestal. Ello, a su parecer, "hasta ahora había sido esquivo. Es una oportunidad histórica de avanzar hacia la paz, pero requiere coraje político, recursos efectivos y un compromiso real con la justicia territorial".
La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas) recordó que este informe, que ha sido encomendado de manera transversal por el Gobierno, no puede ser modificado sin pasar antes por el Congreso, por lo que sus propuestas deben "ser analizadas, para revisar si hay o no voluntad política para avanzar en torno a ellas".
Fuera de aquello, Pérez se mostró positiva frente al hecho de que en un país democrático se hayan levantado estas propuestas, a través de un organismo que si bien no cumplió con el objetivo de la unanimidad en todas las materias, logró levantar "una propuesta en materia de tierras, porque hoy es viable que el Estado, financieramente, pueda hacerse cargo de esa demanda. Con ello, se fija un procedimiento distinto al que hoy existe, que es más rígido y solamente busca soluciones a través de tierras".
De igual forma, la parlamentaria adelantó que espera que esta propuesta ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas en materia de obras, inversión y materias, para "dar un salto cualitativo para todas las personas que viven en estos territorios".
Asimismo, la representante de Demócratas fue clara al indicar que aunque valora este avance, "no siempre estaré de acuerdo con todo. Es un buen ejercicio el que se ha dado, por lo que analizaremos cada propuesta en el seno del Congreso".
También, afirmó esperar que el próximo gobierno pueda considerar el informe como un insumo, para no comenzar "de cero nuevamente" en torno a esta materia.
Con mayor distancia, la diputada Flor Weisse aseguró ver con preocupación el acuerdo, en tanto que, "en su forma actual huele demasiado a lo que ya vivimos durante la fallida Convención Constitucional: imposiciones ideológicas disfrazadas de consenso".
En esa línea, agregó que, a su juicio, es fundamental que no se repitan los errores del pasado, ni que los actores de todo el espectro cedan sus convicciones ante presiones políticas.
"Me inquieta que el tema del terrorismo, especialmente en la Macrozona Sur, no tenga un espacio claro y prioritario en este acuerdo, ya que no podemos hablar de paz si no enfrentamos con firmeza la violencia. La ciudadanía exige soluciones reales y no declaraciones vacías. La seguridad, el orden y el Estado de Derecho deben estar al centro de cualquier entendimiento verdadero", concluyó Weisse.
Desde los gremios locales, el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), José Miguel Stegmeier, destacó que el documento propuesto contiene artículos que son razonables, pero también advirtió que otros, que ocupan un espacio central, generan inquietud.
"Es complejo lo relacionado con la entrega de más tierras en la forma que lo plantea la comisión y, en razón de esto, es que compartimos y apoyamos al presidente de los Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, quien finalmente entregó el voto que anuló la unanimidad. Por lo tanto, consideramos que el documento es solo una recomendación", detalló el dirigente.
Al respecto, agregó que es fundamental que el mundo político asuma su responsabilidad y salga de sus trincheras en esta materia, para avanzar en soluciones de fondo. Además, Stegmeier puntualizó en que se debe tener presente que muchas de las materias propuestas en el informe deben ser validadas por consultas indígenas y, según estas resulten, se sabrá si los artículos son viables.
Finalmente, el presidente de Socabío enfatizó en que "lo más relevante para nosotros los agricultores es que seamos escuchados con atención desde el nivel central. No se puede avanzar en soluciones que, de alguna manera, dejen en desmedro a quienes trabajamos a diario la tierra para producir los alimentos y la madera que Chile necesita"
Desde Corporación Nacional de la Madera (Corma) valoraron los esfuerzos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en tanto que permitirán avanzar hacia un término del conflicto histórico.
"Creemos firmemente que cualquier propuesta debe construirse sobre consensos amplios y genuinos, integrando a todos los actores involucrados, sin exclusiones ni imposiciones. Sin embargo, nos preocupa que el proceso de la comisión haya concluido sin la unanimidad que se estableció en su inicio", relató la organización a través de un comunicado.
Asimismo, la entidad sostuvo que un tema tan trascendental para el país requiere de "un diálogo transparente, respetuoso de la legalidad y centrado en garantizar la seguridad de las personas, así como en abrir caminos reales para un desarrollo sostenible y compartido en los territorios".
Respecto de lo anterior, Corma afirmó que llegar a buen puerto es responsabilidad del Estado de Chile y la sociedad en su conjunto.
Por lo mismo, informaron estar disponibles para analizar las propuestas y continuar "contribuyendo a una solución duradera y a construir una paz firme, con desarrollo y justicia territorial para todos los habitantes de la Macrozona Sur".
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