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Este miércoles 7 de mayo la Cámara de Diputados votará el informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora que analizó eventuales irregularidades en el actuar del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Dirección General de Aguas (DGA) en las regiones de Biobío y Ñuble. La instancia fue creada en 2024, tras diversas denuncias presentadas por asociaciones de regantes y organizaciones agrícolas.
El trabajo parlamentario tuvo por objetivo reunir antecedentes sobre los criterios empleados por ambos organismos públicos para autorizar aumentos de caudal a determinadas asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas. Uno de los casos abordados corresponde al de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), vinculada al río Laja.
La comisión investigadora, por más de seis meses, reunió testimonios de representantes gremiales, usuarios de aguas y funcionarios públicos. También se revisaron documentos administrativos y se ofició a entidades públicas, con el fin de clarificar los fundamentos técnicos y jurídicos de las decisiones adoptadas por la DGA en la zona centro-sur del país.
La votación del informe en Sala marcará el cierre del trabajo de esta comisión. Si bien el documento no es vinculante, sus conclusiones pueden derivar en nuevas acciones fiscalizadoras, solicitudes de responsabilidades administrativas o propuestas legislativas en torno a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas del Biobío y Ñuble, según se informó.
El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja (ACL), German Hermosilla, destacó que "el informe confirma que la DGA infringió normas y que el canal Zañartu no logró justificar por qué pretende extraer más agua del río Laja que la que ha extraído históricamente, que son 22,6 m3/s. Este aspecto coincide absolutamente con lo que ha sido la posición histórica de nuestra asociación, en cuanto a que la DGA tiene la obligación de generar certeza y seguridad en la gestión del agua, que es un activo fundamental para decenas de miles de agricultores y regantes".
El dirigente agregó que "la comisión investigadora realizó una exhaustiva labor, recibiendo la declaración de más de 30 personas, representantes de los usuarios de la cuenta y funcionarios públicos, sesionando en terreno y revisando los antecedentes aportados en las respuestas a más de 30 oficios enviados a distintas entidades públicas, por lo que los gremios confiamos en que su informe será aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados".
La Comisión Especial Investigadora fue constituida en septiembre de 2024, luego de una serie de denuncias de asociaciones de regantes y gremios agrícolas del Biobío. Entre los antecedentes, se menciona una querella criminal en contra de funcionarios públicos de la DGA, a quienes se responsabiliza de haber otorgado un aumento de caudal a la Asociación Canal Zañartu.
Las entidades acusan que "de 22,6 m3/s, se les entregó un aumento de caudal de 33 m3/s". Ello, afirman desde la Asociación de Canalistas del Laja, contraviene fallos judiciales anteriores.
De cara a la votación que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, los usuarios representados por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, advirtieron respecto del alto impacto que tendría mantener una reducción del caudal.
El abogado Pablo Jaeger, vocero de los regantes, sostuvo que el conflicto por el uso de aguas en el río Laja se arrastra desde 2021 y responde exclusivamente a intereses económicos de actores privados, quienes buscan limitar el acceso de la ACCZ a un caudal históricamente autorizado por la autoridad.
"Durante el trabajo de la comisión se pudo comprobar, y así lo ha reconocido la propia Dirección General de Aguas (DGA), que nunca, de ninguna manera, a la ACCZ se le ha aumentado el caudal del cual puede disponer, ni mucho menos se le ha otorgado nuevos derechos de aprovechamiento de aguas. Muy por el contrario, por casi 100 años, hasta 2021, siempre se reconoció por la autoridad que los canalistas del Zañartu podían captar hasta 45 m3/s desde el río Laja", señaló Jaeger.
El abogado enfatizó en que actualmente existen dos recursos de reclamación pendientes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, uno interpuesto por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu y otro por un actor privado. Los alegatos de estos recursos se realizaron en enero de 2025, y actualmente se está a la espera de las respectivas resoluciones judiciales.
Desde la ACCZ expresan que el debate se encuentra con instancias judiciales en curso, por lo que cualquier pronunciamiento parlamentario podría exceder las atribuciones constitucionales del Congreso. En esa línea, el abogado Jaeger advirtió: "Así las cosas, es improcedente y sería inconstitucional que la Cámara de Diputadas y Diputados emita cualquier informe o pronunciamiento que se refiera a lo que se discute en tribunales. Desde ya, todo lo relacionado con los derechos de aprovechamiento de aguas que administra y distribuye la ACCZ, y los caudales asociados, es una materia vedada para la Cámara".
Finalmente, Jaeger afirmó que mantener restringido el acceso a las aguas del canal Zañartu afectará directamente a más de 10 mil personas de las regiones de Biobío y Ñuble.
"Privar a los canalistas del Zañartu de la mitad de las aguas a las cuales tienen derecho (22,6 de 45 m3/s) tiene un tremendo impacto en la vida de quienes se relacionan con el canal, que indirectamente llegan a 10 mil personas en ambas regiones. En definitiva, son tierras que dejan de regarse, faenas que no se pueden realizar y un sinfín de actividades económicas que se tornan imposibles" manifestó el abogado, en representación de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.
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