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La segunda semana de abril, el Gobierno y ambas Cámaras del Congreso acordaron discutir y despachar, en hasta un año, 31 proyectos de ley relacionados a seguridad y combate del crimen organizado.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que hay 12 iniciativas que el Ejecutivo comprometió enviar, que hasta ahora no han sido ingresadas al Congreso.
Algunas de las mencionadas medidas son la habilitación del control de identidad en personas en zonas fronterizas, prohibición de porte de combustible en contexto de manifestación y el fortalecimiento del rol de prevención del delito de las municipalidades, entre otros. El legislador del gremialismo indicó que es fundamental apurar el debate.
El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que acelerar la tramitación de proyectos, solo para dar una señal política, puede ser un error. En este sentido, ejemplificó con la aprobación de la Ley Naín-Retamal, que sigue generando controversia, al ser utilizada por Carabineros acusados de violación de Derechos Humanos, en el estallido social, para rebajar condenas.
El senado de la DC, Iván Flores, explicó que gran parte de los proyectos del denominado "fast track legislativo", son iniciativas que ya habían sido ingresadas y, por esta razón, lo que se requiere es que el Gobierno presente las urgencias necesarias". La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, sostuvo que el Ejecutivo tiene una agenda robusta en seguridad y que la urgencia con la que se ha actuado ha permitido la promulgación de leyes como la que moderniza la legislación penal en materia de crimen organizado y la que tipifica el delito de sustracción o robo de madera.
La portavoz del Gobierno reiteró que seguirán buscando acuerdos en cámaras del Congreso.
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