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El presidente del Centro de Padres, Gustavo Vergara, explicó que el recinto atiende a 320 estudiantes de sectores apartados de distintos sectores rurales al norte de Los Ángeles y que muchas familias no cuentan con otra alternativa educacional cercana.
Entre las principales denuncias se encuentran problemas sanitarios, deterioro de infraestructura que "data desde los años 60 aproximadamente", falencias en el transporte escolar, el despido de funcionarios a fines del año pasado en el marco de una denuncia por Ley Karín y una demanda por la entrega de alimentación y un lugar donde los funcionarios pudieran almorzar en el establecimiento.
Los apoderados también manifestaron preocupación por deficiencias detectadas en el transporte escolar gratuito, señalando que algunos buses no cumplirían con la normativa vigente.
Asegurando que durante el año pasado habrían descubierto que uno de sus transportistas no contaba con la licencia de conducir apropiada para el transporte escolar.
Asimismo, recordaron que el establecimiento estuvo bajo sumario sanitario tras detectarse acumulación de basura en las inmediaciones de la cocina del establecimiento -que según el testimonio de los apoderados, se habría acumulado desde diciembre- y presencia de fecas de roedores en las dependencias de alimentación al inicio del año escolar.
La comunidad educativa espera que las autoridades fiscalicen la administración financiera del recinto y adopten medidas que garanticen condiciones dignas y seguras para los estudiantes.
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