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La exdefensora penal, formalizada junto a su exsocia Susana Cortés y el exdefensor penal Patricio Gutiérrez por delitos de cohecho, asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y soborno, renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración ante el tribunal en la quinta jornada del caso.
Lo primero que aseveró, fue que, en sus 20 años de carrera profesional, nunca ha estado involucrada en conductas de tráfico de drogas ni de tráfico de armas.
"Nunca he guardado drogas, nunca he dado instrucciones en relación con este tipo de ilícitos, tampoco en relación al tráfico de armas" enfatizó.
A su juicio, la única vinculación con este tipo de delitos ha sido el ejercicio profesional propio de una abogada defensora.
Sin embargo, reconoció haber utilizado la clave proporcionada por Patricio Gutiérrez para acceder al sistema judicial como motor de búsqueda de causas vinculadas a clientes o potenciales clientes de la oficina, pero nunca para apoderarse de información adicional ni revelarla a terceros.
Respecto a la imputación del Ministerio Público de haber ingresado a la base de datos de diversas causas, la abogada Romero reconoció que, eso es efectivo, pero aclaró que se trató de investigaciones "desformalizadas"
"Nosotros ingresamos en causas que estaban desformalizadas, causas de drogas desformalizadas de la ciudad de Los Ángeles, pero no lo hicimos porque algún funcionario de la fiscalía o mi marido u otra persona nos revelara de las causas o nos avisara que existía una causa vigente respecto de las dos imputadas. Simplemente llegaban de punto propio a la oficina. Una, recuerdo que llegó porque efectivamente se había rescatado de vigilancia y otra creo que se había regresado a entrar en registro a su domicilio" señaló.
Romero también reconoció haber accedido al Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), la plataforma que la Fiscalía dispone para intervinientes externos como víctimas y abogados. Explicó que ingresaba con su clave de abogada y que el sistema permitía dos formas de consulta: una a través del RUC de una causa y otra mediante el RUT del imputado.
"Uno ingresaba el ruc de esa persona e inmediatamente arrojaba, como lo señaló el fiscal, la última causa que se iniciaba respecto de ella. Y lo único que arrojaba esa consulta, como señaló, es el ruc. No se puede ingresar a la causa si uno no se acredita como abogado y eso fue lo que se hizo en ambos casos. Se piden las copias para poder instruir o poder, en fin, informar al cliente acerca de qué tipo de causa se trata" afirmó.
Respecto al agendamiento de salas —tanto con el funcionario del Juzgado de Garantía Nélson Sáez, quien quedó con medidas cautelares en este juicio, como con la fiscal Cherie Palomera—, Romero reconoció haberlo hecho, pero aclaró que era una práctica que llevaba realizando incluso desde sus tiempos como defensora penal. Enfatizó, que "no era una práctica que no fuera habitual por parte de otros intervinientes, pero jamás fue a cambio de ningún tipo de dádiva o revelación" recalcó.
Además, descartó ser amiga íntima de la fiscal Palomera de quien dijo, mantiene una favorable opinión.
"Es una magistrada que conozco desde que comencé a gestar en este tribunal en el año 2006, de quien tengo la mejor apreciación, respeto, respeto como profesional, pero no soy de ninguna forma amiga íntima ni me relaciono más allá de la forma que me pudiera implicar que ella no pudiera resolver causa alguna en que yo estuviera involucrada" relató.
Respecto a los regalos que se le hizo al funcionario del Juzgado de Garantía Nelson Sáez, formalizado y quien quedó con medida cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros imputados, la abogada Andrea Romero señaló que, fue un regalo de navidad el año 2019 consistente en una figura de chocolate.
"No tuve conocimiento de que existía un protocolo que prohibiera este tipo de regalos. De hecho, tengo familiares directos que todavía son funcionarios públicos y en donde existen protocolos donde, por ejemplo, se determina que se pueden recibir regalos hasta un cierto monto. Por lo tanto, entendía que estos regalos, que son, en definitiva, de baja cuantía, a mi modo de ver, no infringían ningún tipo de, o no significaban ningún tipo de conducta impropia" relató.
Según Romero, era una forma de agradecer siempre el trato deferente que tenían tanto él como con los funcionarios de la fiscalía.
Otro caso relacionado a Nelson Sáez fue una colaboración por el fallecimiento de una funcionaria del Juzgado de Garantía el año 2022 donde se aportó una suma de dinero para la familia afectada.
Romero aseveró que, "el hecho que fuera Nelson Sáez quien definitivamente compartió la información o quien en definitiva nos pidió avisarle, en mi concepto fue casi un tema aleatorio porque podría haber sido cualquier otro funcionario de este tribunal que efectivamente organizara este tema".
Tras más de una hora de declaración, y luego de aclarar que no trabaja con Susana Cortés desde 2024, Andrea Romero reconoció que lo que hizo no estuvo bien.
"Creo que dejé pasar muchas señales que debieran haberme advertido de los inconvenientes que estaban presentándose principalmente por mi relación por el hecho de yo ser casada con un fiscal. Cuando Rodrigo llegó a la ciudad de Los Ángeles el año 2011, él ya tenía una trayectoria larga como fiscal de la novena región y yo, a su vez, ya tenía varios años como defensor. La única motivación de pedir el traslado, porque esto fue un traslado, no hubo otra vía, fue un tema familiar. No aprovecharme de las circunstancias de tener un fiscal al lado ni mejorar mi desempeño laboral. No advertí las señales a tiempo" señaló en la sala del tribunal.
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