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Cuando una persona desaparece y se desconoce su paradero, las primeras diligencias pueden resultar decisivas. La Ley 21.500 pretende que esa respuesta no dependa de trámites aislados entre instituciones, sino de un procedimiento común que permita recibir la denuncia, activar diligencias y compartir antecedentes relevantes para encontrar a quien se busca.
La normativa fue publicada en octubre de 2022 y creó el Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, concebido para centralizar, organizar e interoperar información a nivel nacional. El mecanismo considera la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, junto con otros organismos que pueden aportar antecedentes para una búsqueda.
El reglamento que regula su funcionamiento fue publicado en diciembre de 2023. El objetivo es facilitar el acceso y cruce de información que pueda contribuir a establecer los últimos movimientos de una persona, sus contactos con instituciones y otros antecedentes útiles para orientar las diligencias.
La discusión, por tanto, ya no está centrada únicamente en la existencia de la norma, sino en cómo se está aplicando y cuánto ha conseguido avanzar el sistema que contempla. En el Distrito 21, los cinco diputados consultados entregaron distintas evaluaciones sobre sus alcances, dificultades y tareas pendientes.
UNA LEY CON ESPECIAL RELEVANCIA PARA EL BIOBÍO
La diputada Joanna Pérez (Demócratas), una de las autoras de la iniciativa que dio origen a la normativa, vincula directamente su aplicación con la realidad regional. "La Ley de Búsqueda tiene mucha sintonía con nuestra región y nuestro distrito, porque tenemos muchas personas extraviadas cuyas familias todavía continúan buscándolas", plantea.
Desde esa perspectiva, Pérez considera fundamental que las instituciones cuenten con las herramientas necesarias para responder frente a una desaparición y sostiene que una de las áreas que requiere mayor desarrollo es la interoperabilidad entre los sistemas de los distintos servicios públicos.
La parlamentaria incorpora en ese desafío a organismos que pueden participar en búsquedas en distintos escenarios, como Bomberos y la Armada. "Cuando una persona desaparece, la búsqueda puede desarrollarse en tierra, en el mar o en distintos puntos de nuestro territorio", señala, planteando la necesidad de disponer de capacidades coordinadas según las características de cada caso.
Pérez agrega que la Fiscalía era una de las instituciones que, a su juicio, presentaba mayores dificultades para avanzar en la aplicación de la normativa y que actualmente existirían condiciones para progresar en ese proceso. Su evaluación es que la ley se está aplicando, aunque requiere seguimiento y mejoras.
EL CUESTIONAMIENTO A UNA IMPLEMENTACIÓN LENTA
En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC) pone el foco en el funcionamiento concreto del mecanismo. Su diagnóstico es más crítico y apunta directamente a la velocidad con que se ha desarrollado la implementación.
"La ley está bien, pero la implementación es bastante deficiente", sostiene Pinilla, quien plantea que una de las principales dificultades ha estado en conseguir que los sistemas de las distintas instituciones puedan comunicarse de manera efectiva.
El parlamentario recuerda que la normativa contempla la participación de policías, Ministerio Público, Registro Civil, Servicio Médico Legal y otros organismos. A su juicio, el objetivo no era simplemente crear una base de datos, sino reducir los tiempos de búsqueda y disponer de antecedentes relevantes desde las primeras horas.
Pinilla plantea que todavía falta determinar si el sistema ha conseguido producir ese efecto en la práctica. "Hoy día no sabemos qué está pasando realmente cuando una persona se pierde, si entre la denuncia y las primeras acciones se han logrado reducir el tiempo", plantea.
Por ello, sitúa entre las tareas pendientes acelerar la interoperabilidad, evaluar los resultados y establecer una coordinación efectiva entre las instituciones que deben intervenir.
LOS CAMBIOS QUE YA CONSIDERA POSITIVOS
A su vez, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) entrega una evaluación más favorable respecto de algunos cambios introducidos por la normativa. Entre ellos destaca que, según su interpretación, ya no corresponde esperar 24 o 48 horas para realizar una denuncia.
"Ya no es necesario esperar 24 ni 48 horas como se requería antes para denunciar una presunta desgracia ante las policías", señala.
Urruticoechea considera que otro avance está relacionado con la posibilidad de coordinar de manera más inmediata la denuncia, la investigación y las acciones destinadas a ubicar a la persona. En su análisis, la obligación de compartir información entre organismos constituye uno de los elementos relevantes del nuevo esquema.
"Obliga al organismo del Estado a compartir información de manera muy rápida y segura y algo que es clave hoy día, que es el uso de la tecnología", agrega.
El diputado reconoce que todavía existen aspectos que pueden hacerse más ágiles, pero considera que la normativa incorpora herramientas que pueden mejorar la trazabilidad de los antecedentes y de las actuaciones asociadas a una búsqueda.
LA URGENCIA POR ACELERAR EL SISTEMA
Desde otra perspectiva, la diputada Lilian Betancurt (PDG) centra su posición en el impacto que una demora puede tener sobre las familias que buscan a un ser querido. "La Ley 21.500 se aprobó para darles certezas, no más trámites", señala.
Betancurt plantea que la puesta en marcha del Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe acelerarse y que persisten dificultades en la coordinación entre instituciones policiales y judiciales.
Su preocupación apunta a que los recursos y la tecnología contemplados por la legislación tengan una expresión concreta en los territorios. En ese sentido, plantea que desde la Cámara de Diputados corresponde mantener seguimiento sobre la aplicación de la normativa y las condiciones necesarias para que el mecanismo cumpla su finalidad.
OFICIARÁ PARA CONOCER EL ESTADO REAL DEL MECANISMO
En esta línea, la diputada Flor Weisse (UDI) considera que la Ley 21.500 representa un avance, pero plantea que su vigencia no basta para determinar si está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada.
"En estos casos no podemos conformarnos con que la ley esté vigente: necesitamos que funcione bien, que exista coordinación y que las familias tengan una respuesta oportuna", plantea.
Por ello, Weisse anunció que oficiará a los organismos correspondientes para conocer cómo se ha implementado el Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, qué avances concretos registra y cuáles son los aspectos que permanecen pendientes.
La gestión permitirá solicitar antecedentes sobre el funcionamiento efectivo de la herramienta y trasladar la discusión desde la existencia formal de la ley hacia su aplicación concreta en regiones como Biobío.
UNA MIRADA DESDE LOS CASOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS
Desde la Fundación Extraviados Biobío, Max Castillo García entrega una evaluación crítica sobre el funcionamiento del sistema. La organización es autónoma, de carácter privado y trabaja en la difusión de casos de personas extraviadas, junto con entregar apoyo psicosocial y asesoría legal gratuita a familias.
Castillo sostiene que todavía no es posible realizar una evaluación concreta de la implementación de la Ley 21.500 en los términos previstos por la normativa. Su principal cuestionamiento apunta al sistema informático. "El sistema informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas no existe", sostiene.
La afirmación corresponde a su evaluación sobre el funcionamiento efectivo de la herramienta y no a la existencia de la ley, publicada en 2022 y reglamentada en 2023.
Desde la experiencia que recoge la fundación, Castillo plantea que persisten dificultades en la reacción inicial frente a una denuncia por presunta desgracia y que las familias pueden enfrentar distintas gestiones antes de que se desplieguen diligencias de búsqueda.
Respecto de las personas que permanecen desaparecidas por años, agrega que los casos más antiguos se desarrollaron en un escenario distinto, cuando existía menor visibilidad pública de estas situaciones. A su juicio, las redes sociales y las organizaciones que orientan a las familias han permitido aumentar la difusión de las búsquedas.
Castillo destaca en este trabajo al abogado Cristian Echayz Carrasco, vicepresidente de la fundación, quien desde hace años entrega voluntariamente su tiempo para representar y asesorar casos vinculados con personas extraviadas. La organización mantiene, a su vez, convenios de difusión con medios de comunicación para apoyar la divulgación de casos desde sus primeros minutos.
CINCO EXPEDIENTES COMO CONTEXTO
La discusión sobre la aplicación de la ley tiene casos concretos en el Biobío. Para contextualizar este reportaje fueron revisados cinco expedientes disponibles en el portal institucional de la PDI, en la sección "PDI Busca", plataforma que contiene fichas de personas que se encuentran en búsqueda a nivel nacional.
La PDI confirmó que los cinco registros consultados mantienen búsquedas activas.
Estos cinco casos no representan el total de personas desaparecidas en el Biobío ni permiten establecer cuántas búsquedas permanecen vigentes en la región. Corresponden únicamente a una muestra de expedientes disponibles en esa plataforma.
Cristóbal José Quevedo Alarcón tenía 16 años al momento de su desaparición, registrada el 22 de mayo de 2024 en Cabrero. Su fotografía y descripción se mantienen en el Portal PDI. Ver aquí.
José Luis Rivera Sandoval tenía 33 años cuando desapareció, el 13 de julio de 2022. La denuncia por presunta desgracia consigna el puente Reñico, en Huépil, comuna de Tucapel, como último lugar de avistamiento. Su fotografía y descripción se mantienen en el Portal PDI. Ver aquí.
Mario Ernesto Rojas Cárcamo tenía 50 años al momento de su desaparición, registrada el 15 de abril de 2020 en el sector Río Claro, comuna de Yumbel. Su fotografía y descripción se mantienen en el Portal PDI. Ver aquí.
Karen Elizabeth Sepúlveda Venegas tenía 43 años cuando se registró la denuncia por su desaparición, el 25 de enero de 2019. De acuerdo a ese reporte su extravío habría sido en el sector Las Chilcas, Abanico, comuna de Antuco. Su fotografía y descripción se mantienen en el Portal PDI. Ver aquí.
Juan Diego Aguayo Díaz tenía 29 años cuando desapareció, el 1 de agosto de 2014, en Los Ángeles. Su fotografía y descripción se mantienen en el Portal PDI. Ver aquí.
Los expedientes abarcan períodos y comunas diferentes y permanecen visibles en una plataforma nacional de búsqueda. Por sí solos no permiten establecer una cifra regional ni medir el efecto de la Ley 21.500 sobre el conjunto de denuncias recibidas en el territorio.
En paralelo, cada semana se conocen en redes sociales uno o dos reportes de personas informadas como desaparecidas. Estos reportes difundidos por redes sociales no constituyen una estadística oficial, pero muestran la circulación permanente de nuevos casos que requieren atención y búsqueda.
Hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una cifra consolidada de las denuncias por presunta desgracia recibidas en 2026 por Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, ni establecer cuántas de ellas corresponden a personas que permanecen desaparecidas.
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