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La investigación del Ministerio Público apunta a determinar si al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, habrían actuado como supuestos tutores de grupos integrados por menores de entre 2 y 18 años que ingresaron al país en vuelos chárter entre enero y octubre de 2025.
Consultado sobre los antecedentes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que solicitó información específica a la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.
Aunque afirmó estar a la espera de antecedentes definitivos, Arrau reconoció la preocupación del Ejecutivo frente a la eventual utilización de menores en redes ilícitas.
Sin embargo, enfatizó que cualquiera sea la explicación final, la gravedad del caso no disminuye.
"Sea la explicación que sea, es una situación de mucha gravedad, son menores de edad que podrían haber sido utilizados", afirmó.
El secretario de Estado añadió que el Gobierno busca fortalecer los controles fronterizos para hacer más estricta la detección de personas que presenten alertas o antecedentes que ameriten revisiones adicionales al momento de ingresar al país.
El caso adquirió una nueva dimensión luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la República, que reveló importantes deficiencias en los procedimientos de control desarrollados durante 2025 por el Servicio Nacional de Migraciones.
De acuerdo con esos antecedentes, durante ese período ingresaron a Chile 3.235 ciudadanos haitianos con residencia temporal. De ellos, 2.792 lo hicieron bajo la figura de reunificación familiar.
El órgano contralor advirtió que el servicio omitió verificar antecedentes relevantes entregados por los solicitantes, entre ellos domicilios declarados e identidad de los adultos responsables de los menores.
Además, estableció que 98 niños y adolescentes que ingresaron bajo este mecanismo no fueron informados oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez.
Las falencias quedaron aún más expuestas durante fiscalizaciones realizadas entre el 13 y el 28 de enero de 2026. En terreno, las autoridades constataron que varios menores no residían en las direcciones registradas oficialmente y tampoco estaban bajo el cuidado de los adultos que habían sido individualizados como responsables para autorizar su ingreso al país.
A raíz de estos antecedentes, las bancadas del Partido Republicano y de la UDI anunciaron que promoverán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El objetivo será determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas, así como establecer qué ocurrió con los menores que no pudieron ser ubicados durante las fiscalizaciones.
El diputado Mario Olavarría sostuvo que el Congreso debe ejercer su rol fiscalizador respecto del actuar del Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez.
Los legisladores también manifestaron preocupación por la falta de documentación para acreditar vínculos familiares, la reiteración de adultos ingresando con distintos menores y el uso de vuelos chárter actualmente bajo investigación.
En paralelo, la bancada republicana anunció que impulsará una instancia con un alcance temporal más amplio, revisando el flujo migratorio irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 hasta la actualidad.
El diputado Benjamín Moreno explicó que la finalidad será esclarecer posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de niños y adolescentes, independiente del gobierno de turno involucrado.
La propuesta contempla revisar actuaciones desarrolladas durante distintas administraciones, incluyendo las encabezadas por Michelle Bachelet y Gabriel Boric.
Desde la oposición también surgieron voces que respaldan el esclarecimiento de los hechos, aunque advirtiendo sobre el riesgo de utilizar el caso para promover discursos discriminatorios.
La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Carolina Tello, calificó los antecedentes como "de máxima gravedad" y sostuvo que, ante eventuales delitos de trata o tráfico de personas, el Estado debe actuar con decisión.
La parlamentaria recalcó que las principales víctimas son niños y niñas, por lo que su protección debe prevalecer por sobre cualquier diferencia política. "Las víctimas aquí son niños y niñas, y su interés superior debe estar por sobre cualquier consideración política. Esperamos que las instituciones actúen con rapidez y coordinación para dar con su paradero, proteger sus derechos y sancionar a los responsables", concluyó.
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