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Audios de WhatsApp, acceso ilegal a información reservada y vínculos entre los imputados y funcionarios judiciales marcaron la cuarta jornada de la audiencia de formalización que se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles contra tres abogados y un funcionario judicial.
La audiencia se lleva a efecto en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Ñuble por presunta asociación criminal y otros delitos vinculados al sistema de administración de justicia.
En esta causa fueron formalizados el exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, y las abogadas de ejercicio libre Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, esta última esposa del exfiscal angelino, Rodrigo Durán, quien -presuntamente- también estaría implicado en el caso.
A los tres primeros, la Fiscalía les atribuye delitos de cohecho, asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y soborno.
Además, Cortés y Romero enfrentan cargos por tráfico drogas y de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado, mientras que al exdefensor se le suma el delito de revelación de secretos.
Durante la jornada de este martes, también se revisó la situación de un cuarto imputado en la investigación: el encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, formalizado por cohecho reiterado.
La magistrada Claudia Aguilera acogió para él las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados (formalizados o no).
Los audios y textos expuestos durante la audiencia resultaron clave: en ellos se reveló que las imputadas solicitaban información sobre causas tanto a Durán como a Gutiérrez, consultaban datos en el sistema de la Defensoría Penal Pública y mantenían conversaciones con sus clientes en las que los ponían al tanto de sus causas, les entregaban información reservada y les pedían borrar todos los antecedentes de sus celulares, debido a que sus comunicaciones estaban intervenidas.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos registros permitirían evidenciar la participación de ambas profesionales en una organización vinculada al tráfico ilegal de drogas y armas, cuyos integrantes además eran defendidos por ellas.
Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova señaló que el rol que desempeñaban iba más allá del ejercicio de la defensa jurídica.
Según lo expuesto, entre las estrategias que habrían ideado se encuentra incluso una denuncia simulada para intentar acreditar una falsa cooperación sustancial del líder de la agrupación criminal que defendían.
Otro aspecto abordado durante la audiencia fue la estrecha relación entre los imputados y el funcionario del tribunal Nelson Sáez.
La Fiscalía sostuvo que existía un vínculo cercano entre el exdefensor, Patricio Gutiérrez, Susana Cortés y el funcionario judicial, a quien le solicitaban gestiones como acomodar audiencias o facilitar determinadas diligencias dentro del tribunal.
Estas acciones, según el Ministerio Público, habrían permitido a los imputados obtener ventajas en el manejo de causas penales vinculadas a sus representados.
Otro de los puntos expuestos en la audiencia fue el acceso al Sistema Informático de Gestión de la Defensa Penal (SIGDP) de la Defensoría Penal Pública.
La fiscal Nadia Espinoza explicó que el acceso a esta plataforma —facilitado mediante la clave del entonces defensor local jefe— permitió a las abogadas revisar información confidencial de distintas causas, lo que les otorgaba una ventaja significativa respecto de otros estudios jurídicos.
Desde ese sistema, según la investigación, habrían obtenido antecedentes reservados de causas que lideraban y que, posteriormente, eran utilizados para la estrategia de defensa de sus clientes.
De acuerdo con la Fiscalía, esta información privilegiada habría sido compartida con terceros vinculados a las causas, lo que facilitó la comisión de los delitos investigados.
Durante la audiencia también se expuso que las abogadas habrían obtenido información confidencial proveniente de investigaciones penales, lo que habría beneficiado a determinados imputados.
Entre ellos figura Moisés Bastardo Bastardo, respecto de quien se buscaba allanar el camino para una eventual colaboración eficaz que permitiera rebajar su pena en una causa por sicariato.
Asimismo, se mencionó la obtención de antecedentes en favor de dos mujeres investigadas en una causa por tráfico de drogas.
La jornada de este martes estuvo centrada en la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público y la entrega de los antecedentes necesarios que permitieran justificar el por qué las estaban solicitando.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva para las dos abogadas y para el exdefensor penal público, argumentando la gravedad de los delitos imputados y las penas asociadas.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, explicó que la solicitud se sustenta en la reiteración y gravedad de los ilícitos investigados, así como en las evidencias reunidas durante la indagatoria.
La discusión continuará durante la jornada del miércoles, instancia en la que se esperan las réplicas por parte de la Defensa de los imputados y contrarréplicas de los intervinientes antes de que la magistrada Claudia Aguilera entregue su resolución respecto de las medidas cautelares solicitadas.
Además, la Fiscalía indicó que existen otras personas que están siendo investigadas en esta causa, entre ellas una magistrada y un exfiscal, respecto de quienes se deberán tramitar previamente las denominadas querellas de capítulo antes de solicitar eventuales formalizaciones.
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