Fiscalía de Ñuble pide prisión preventiva para principales implicados en caso de asociación criminal en Los Ángeles

En la cuarta jornada de audiencia en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, la Fiscalía de Ñuble expuso antecedentes para fundamentar la petición de prisión preventiva solicitada para dos abogadas y para el exdefensor penal público de Los Ángeles, quienes están formalizados por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad. 

Se trata de las abogadas de libre ejercicio de la profesión, Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara y del exdefensor Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de Susana Cortés).

Los tres abogados/as fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos. Susana Cortés y Andrea Romero, además, enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado. A Patricio Gutiérrez se le suma también el delito de revelación de secretos.

A un cuarto formalizado en esta investigación, el encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Nelson Sáez está formalizado por cohecho reiterado y la jueza Claudia Aguilera González acogió, en la jornada de hoy, las medidas cautelares pedidas respecto a este imputado. Sobre los demás, la magistrada resolverá mañana.

Fiscalía presenta cargos por asociación criminal a abogados y funcionario judicial en Los Ángeles

En la audiencia se dio a conocer la forma en que o...

Entre los antecedentes expuestos en la audiencia de hoy por el fiscal Sergio Pérez Nova -parte del equipo de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso- destacan audios y conversaciones por WhatsApp en las que se evidencia la participación de las abogadas como parte de la banda criminal que defiendían y que se dedicaba al tráfico ilegal de drogas y de armas.

"El servicio laboral que venden es la impunidad a toda costa. Se convierten en parte de la banda delictual", expresó el fiscal Sergio Pérez en la audiencia. Incluso, expuso que las abogadas formalizadas idearon una denuncia simulada para intentar acreditar una falsa cooperación sustancial del líder de la agrupación criminal que defienden.

En tanto, la fiscal Nadia Espinoza, también parte del equipo investigador, expuso sobre los beneficios que representaron para el negocio de las abogadas el acceso al sistema informático de la Defensoría Penal Pública, el que fue facilitado por el defensor local jefe y esposo de una de las imputadas.

La audiencia, en la que se discuten las medidas cautelares para los tres abogados/as, continuará mañana miércoles, instancia en que se esperan la réplicas y contrarréplicas de los intervinientes, y la resolución final de la magistrada Claudia Aguilera.