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La decisión se tomó luego de que los magistrados escucharon los alegatos presentados por la defensa, los querellantes y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.
Con esta determinación unánime, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente quedó autorizada para formalizar al legislador por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Al término de la audiencia, el fiscal Eugenio Campos expresó que la institución se encuentra "sumamente satisfecha con el obrar de la excelentísima Corte Suprema".
El persecutor detalló la gravedad de las imputaciones, las cuales calificó abiertamente como "alta corrupción". En esa línea, precisó que los hechos corresponden a un "fraude al fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos". Según explicó, este desfalco se ejecutó mediante la presentación y posterior cobro de facturas falsificadas en el Congreso Nacional.
Respecto a las acciones procesales futuras, Campos adelantó los pasos a seguir por parte del ente persecutor. "Lo que corresponde es que ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva", señaló, escenario que además les habilitará para "poder pedir medidas cautelares personales" en contra del diputado.
Finalmente, el máximo tribunal no incluyó en este proceso de desafuero los ilícitos tributarios interpuestos mediante una querella del Servicio de Impuestos Internos. Sobre este punto, el representante de la Fiscalía indicó que esto ocurre porque se trata de un "delito de acción penal de instancia particular" que depende de forma exclusiva de las acciones de dicho servicio.
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