Regístrate en nuestro newsletter
El operativo fue desarrollado por personal especializado de la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente, tras los antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, organismo que detectó el patrón de uso fraudulento de estos permisos médicos en distintas reparticiones del Estado.
De acuerdo con la indagatoria, los profesionales de la salud detenidos son considerados "grandes emisores" de licencias médicas, vinculados directamente a su venta a funcionarios públicos. La investigación apunta a un mecanismo sistemático que permitió justificar ausencias laborales mientras los beneficiarios realizaban actividades recreativas o salían del país.
El Ministerio Público detalló que entre los años 2021 y 2024 se emitieron un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron efectivamente pagadas por el sistema público de salud.
Según las estimaciones oficiales, el daño económico al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) asciende a $20.871.585.331, cifra que posiciona el caso como uno de los fraudes más relevantes detectados en los últimos años en materia de licencias médicas.
En paralelo, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido estas licencias de manera irregular, quienes pasarán a ser imputados en el marco de la causa.
Desde el Ministerio Público no descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de cargos, mientras continúan las diligencias para establecer responsabilidades administrativas y penales tanto en el ámbito médico como en el funcionarial.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a prensa@latribuna.cl
ContáctanosOpinión
