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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó hoy -lunes 3 de noviembre- a Miguel Ángel Llanquileo Cona y Éric Maximiliano Montoya Montoya a sendas penas de cumplimiento efectivo 20 años de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, en calidades de autores de los delitos consumados de posesión ilegal de arma de fuego y municiones; posesión ilegal de arma de fuego prohibida y municiones de guerra, y posesión ilegal de material de uso bélico. Ilícitos perpetrados en noviembre de 2023, en la comuna de Tirúa.
En fallo unánime (causa rol 57-2025), el tribunal -integrado por los magistrados Julio Ramírez Paredes (presidente), Rodrigo González-Fuente Rubilar y Maritza Aldana Cabezas (redactora)- condenó, además, a Llanquileo Cona y Montoya Montoya a 4 años de presidio efectivo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago de una multa de 5 UTM, como autores del delito consumado de receptación de vehículo motorizado.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 14:40 horas del 16 de noviembre del 2023, personal de Carabineros dio cumplimiento a una autorización judicial de entrada y registro, emanada del Juzgado de Garantía de Cañete, a un inmueble ubicado en el sector de El Malo, comuna de Tirúa, domicilio correspondiente a Llanquileo Cona y Montoya Montoya.
En el patio de la vivienda, personal policial halló una camioneta que mantenía encargo por robo, vehículo que Montoya Montoya aseguró ser el dueño. En tanto, en una caseta ubicada en la parte posterior del terreno, los acusados guardaban armas, municiones y material de uso militar: especies que se encontraban operativas y aptas para el disparo o para ser utilizadas como munición en distintos tipos de armas de fuego o como explosivos, sin la autorización para el porte o tenencia del armamento, municiones o granadas".
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
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