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La Tribuna

Contraloría detecta desorden fiscal por más de $1,5 billones en auditorías al Estado

por Stephanie Ramírez M.

Informe anual evidencia fallas estructurales en el control fiscal del Estado.

La CGR advierte que estos hechos pueden configurar desde infracciones administrativas hasta eventuales delitos. / Emol

Un total de $1.5 billones de pesos en observaciones objetadas dejó el último ciclo de fiscalizaciones realizado por la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente al periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.

El informe, de 233 páginas, fue entregado este jueves al Congreso y reúne los hallazgos más críticos en materia de auditorías normativas, financieras e investigaciones especiales, reflejando un desorden estructural persistente en la administración del Estado chileno.

Los datos entregados no sólo exponen falencias puntuales, sino que delinean un patrón sistémico de debilidades en el manejo de recursos públicos.

Según consignó La Tercera, las mayores cifras se concentran en errores contables y presupuestarios por más de $359 mil millones, seguidos por deficiencias en contratos por $328 mil millones y una rendición de cuentas deficiente que acumula observaciones por $316 mil millones.

La CGR advierte que estos hechos pueden configurar desde infracciones administrativas hasta eventuales delitos.

Irregularidades repetidas y falta de control

Según detalla el documento, se ejecutaron 792 acciones de fiscalización, con prioridad en observaciones calificadas como "altamente complejas". Entre las prácticas más graves figuran sobrestimaciones de ingresos, omisiones contables, falta de conciliaciones bancarias y desviaciones en el uso de fondos específicos.

"Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales", advierte el informe.

En el área contractual, se detectaron ampliaciones de costos y plazos sin respaldo, modificaciones de convenios sin justificación técnica y contrataciones directas fuera del marco legal. El monto observado supera los $328 mil millones.

En cuanto al sistema de rendición de cuentas, se identificaron transferencias sin respaldo, rendiciones con inconsistencias y documentos archivados sin revisión. Esta categoría acumula más de $316 mil millones en observaciones.

El informe también advierte sobre pagos improcedentes por más de $57 mil millones, ingresos estatales no percibidos que superan los $81 mil millones, y manejo deficiente de fondos por $252 mil millones, incluyendo cuentas inexistentes y conciliaciones no realizadas por meses.

Una de las conclusiones más críticas del documento apunta a la inacción de los organismos involucrados. En muchos casos, no se iniciaron procesos disciplinarios, juicios de cuentas ni gestiones de restitución. Incluso, algunas entidades no registraron como deuda los montos observados, dificultando así su eventual recuperación.

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