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La Tribuna

Contraloría detecta graves fallas en control de armas de Carabineros: se omitieron denuncias y fiscalizaciones

por Stephanie Ramírez M.

Este informe se da a conocer en medio del debate sobre el endurecimiento de la Ley N° 17.798 sobre control de armas. / Carabineros de Chile

Este viernes se dio a conocer el Informe Final de Investigación Especial N° 930 de la Contraloría General de la República, que deja al descubierto serias deficiencias en los procedimientos de fiscalización de armas por parte de Carabineros de Chile.

El documento, que abarca el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, se centra en el actuar de la autoridad fiscalizadora N° 28 del Departamento OS11 de Control de Armas y Explosivos.

La investigación concluyó que en numerosos casos la institución no cumplió con las obligaciones legales de denunciar al Ministerio Público la tenencia irregular de armamento. Esto incluye situaciones en que las armas no fueron encontradas en los domicilios registrados, así como otras que estaban inscritas a nombre de personas fallecidas.

Armas en manos de personas con antecedentes

Uno de los hallazgos más graves del informe se refiere a la fiscalización de armamento vinculado a personas con antecedentes penales. En 37 inspecciones correspondientes a 26 individuos, se constató que, a pesar de que el sistema informático indicaba que las armas no presentaban irregularidades, los titulares registraban condenas por crímenes o simples delitos.

De acuerdo con la normativa vigente, en estos casos los armamentos debieron ser incautados o, al menos, debió realizarse una denuncia formal al Ministerio Público. Sin embargo, "no ocurrió en ninguno de estos casos", según precisa el informe, lo que refleja un incumplimiento directo de las obligaciones legales de la institución.

Falencias en el sistema de fiscalización

Además, el informe detalla una preocupante inconsistencia: si bien el sistema informático de Carabineros consignaba que se habrían realizado las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público, la autoridad fiscalizadora no pudo presentar documentación que respaldara dichas acciones.

Frente a esta situación, la Contraloría General de la República resolvió iniciar un procedimiento disciplinario directo contra los responsables y remitió los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de esclarecer posibles responsabilidades administrativas y penales.

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