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Los informes, dados a conocer este miércoles, detallan contrataciones sin justificación, gastos sin rendición de cuentas y uso de recursos institucionales para fines políticos y electorales.
El organismo fiscalizador anunció la apertura de múltiples sumarios administrativos y, en algunos casos, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para su análisis y posibles acciones judiciales.
En el caso del Gobierno Regional Metropolitano, la CGR constató que se pagaron más de 31 millones de pesos por un servicio de asesoría que, aunque presentado como sesiones de coaching, en la práctica abordaba temas ligados a la contingencia política y a la campaña por la reelección del actual gobernador.
La entidad también observó la compra de bienes y servicios por trato directo sin que se cumplieran los requisitos normativos, por un total superior a los 51 millones de pesos. Además, se detectaron contrataciones millonarias con empresas como IDOM Consulting y AJEM Asesores y Consultores, sin respaldo que acredite el cumplimiento contractual ni la idoneidad técnica exigida.
En Tarapacá, las observaciones se centraron en la ausencia de control sobre transferencias pendientes de rendición, junto con contrataciones improcedentes por más de 7 millones de pesos. La CGR también detectó que redes institucionales fueron utilizadas para beneficiar la imagen de candidatos durante periodos electorales. "Resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública", señala
En La Araucanía, una contratación directa con Ananda Comunicaciones SpA, por casi 50 millones de pesos, incluyó evaluaciones ciudadanas del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. A ello se suma un contrato por más de 69 millones con una empresa de transportes, también por trato directo sin justificación, y la contratación de asesorías jurídicas por 400 UF sin cumplimiento de entregables ni aplicación de multas por retrasos.
Uno de los casos más alarmantes corresponde al Gobierno Regional de Antofagasta, que mantiene un saldo pendiente de rendir superior a los 4.200 millones de pesos, provenientes de transferencias realizadas desde al menos 2021. Además, existen montos solicitados a reintegrar por casi 4.900 millones de pesos debido a irregularidades o falta de justificación en el uso de los fondos entregados a entidades privadas. El informe (IF N°810 de 2024) también incluye observaciones sobre el uso indebido de vehículos fiscales y redes institucionales.
La situación en Los Ríos también evidencia un grave desorden administrativo. Según el informe IF N°897 de 2024, hay más de 8.650 millones de pesos en transferencias al sector público sin rendición de cuentas, algunos con registros que datan desde 2015. Además, se identificaron pagos de viáticos a funcionarios por labores habituales, mal uso de vehículos fiscales y un saldo adicional superior a 7.900 millones por anticipos también pendientes de rendición.
En el extremo sur del país, la CGR detectó que el Gobierno Regional de Magallanes utilizó contrataciones a honorarios para servicios de difusión y manejo de redes sociales del gobernador regional, lo que contraviene el uso institucional de estos medios. Además, varios informes de actividades de prestadores externos fueron aprobados por funcionarios no autorizados, y en muchos casos se describen tareas de manera genérica, sin detalles verificables.
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